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Víctimas del terrorismo: ayudas a partir de 2019

Los presupuestos contemplarán una partida de cinco millones para indemnizar a 3.000 víctimas. A partir del próximo curso los alumnos estudiarán en Historia los atentados.

Monumento homenaje a las víctimas del 11-M que puede contemplarse en la estación de Atocha
Monumento homenaje a las víctimas del 11-M que puede contemplarse en la estación de Atochalarazon

Los presupuestos contemplarán una partida de cinco millones para indemnizar a 3.000 víctimas. A partir del próximo curso los alumnos estudiarán en Historia los atentados.

Las víctimas de atentados terroristas podrán percibir ayudas a partir del primer trimestre de 2019, cuando está previsto que esté listo el reglamento que desarrolla la Ley 5/17 de protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo que aprobó hace unas semanas la Asamblea de Vallecas. Hoy se da un paso más en su reconocimiento, ya que el Consejo de Gobierno prevé nombrar oficialmente a Ángeles Pedraza, ex presidenta de la AVT (perdió a una hija en los atentados del 11-M), que se encargará de la puesta en marcha de la normativa madrileña, aprobada por consenso parlamentario después de tres años.

La oficina estará compuesta por cinco miembros y su sede estará situada en Gran Vía, 6. Uno de sus objetivos será «gestionar las ayudas económicas e indemnizaciones así como las subvenciones a las víctimas», aseguran desde la Comunidad de Madrid. Además, «se encargará de realizar una labor de interlocución entre la Comunidad de Madrid y las entidades de apoyo a las víctimas, y de la representación al más alto nivel que le otorgue la Comunidad ante los organismos públicos y entidades privadas». De hecho, manejará un presupuesto para 2019 de cinco millones de euros que podrían ampliarse a 15. Y es que se calcula que en la Comunidad pueden existir unas 3.000 víctimas (574 mortales y 2.399 heridos).

Los beneficiarios de las ayudas no tendrán que estar necesariamente empadronados actualmente en la Comunidad, pero deben de acreditar haberlo estado con anterioridad dos terceras partes de su vida. Las cuantías serán de un 30% equivalente a las que ya concede el Estado en el mismo supuesto según establece la regulación que existe de ámbito estatal. «Esto supone un complemento a lo que la víctima ya ha recibido», dice Ángeles Pedraza, la nueva comisionada. Precisamente, uno de los asuntos que las víctimas del terrorismo están batallando es que todas tengan la misma indemnización independientemente de que se haya podido celebrar juicio o no ya que, por una cuestión como ésta se determinaban asignaciones dispares. Y es que se ha dado el caso de que una víctima a la que amputaron las piernas recibió 150.000 euros, que contrasta con la que le concedió la Audiencia Nacional en 2006 al diputado socialista Eduardo Madina, que fue de tres millones de euros por los «padecimientos físicos y psíquicos» causados por el atentado que sufrió el 19 de febrero del 2002 en Sestao (Vizcaya), que le costó la amputación de una pierna. Está considerada la indemnización más alta de la historia a una víctima de terrorismo.

Pero, sobre todo, lo que ahora más preocupa a Ángeles Pedraza es que aquellos que acaban con secuelas graves puedan recibir atención a lo largo de su vida. «En los primeros momentos la gente se vuelca pero, con el paso del tiempo, el caso se olvida. Por eso queremos que una víctima siempre tenga ayuda y estamos a la espera de firmar un convenio con el Colegio de Psicólogos para que reciban atención cuando lo necesiten».

Madrid es la Comunidad número once que aprueba una norma de estas características que «ha tratado de subsanar los fallos que tienen algunas leyes autonómicas», dice Pedraza. La normativa, que tiene carácter retroactivo, regula también otros aspectos importantes, como ayudas con un límite de 45.000 euros por siniestro para la reparación de daños materiales en la vivienda. También la Comunidad se compromete a facilitar un alojamiento provisional mientras dure la reparación y, en el caso de que el atentado sea siniestro total, se produciría un cambio de vivienda con una cantidad que oscilará entre el 80% y el 100% del valor de la vivienda afectada.

También se garantiza asistencia sanitaria y psicológica gratuita tanto a víctimas como a personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia, mientras que los alumnos de todas las etapas educativas con problemas de aprendizaje derivados de un atentado podrán recibir también atención psicopedagógica. Además, se crearán unas medallas con las que distinguir a las víctimas.

Por otra parte, los alumnos madrileños estudiarán desde el próximo curso una unidad didáctica sobre el terrorismo en España. Con medidas como éstas Ángel Garrido hace, desde Madrid, oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, con el que las víctimas están molestas porque no se han reunido con ellas.