Madrid Arena
Víctimas más allá de una sentencia
Ponerle precio a la vida de una hija. Además de tarea imposible, es una empresa dolorosa y asfixiante para la que no todos encontrarían fuerzas con las que luchar. Quizás por eso, hace casi un año y medio, los padres de Katia Esteban y Cristina Arce se encontraron solos a la hora de continuar su cruzada contra los que ellos siempre entendieron como responsables por imprudencia de la muerte de sus hijas durante la más espeluznante noche de brujas. En el camino se quedaron los padres de Rocío Oña –junto con los de Belén Landon y María Teresa Alonso, que murieron días después de los hechos–, que decidieron no recurrir la sentencia de septiembre de 2016 y poner punto final a una historia que llevarán grabada por siempre, pero que necesitaron cerrar cuando estaban cerca de cumplirse cuatro años de la tragedia.
Pero Ángel María Esteban, padre de Katia, nunca se vio satisfecho, ni con aquella primera sentencia que recurrió junto a Isabel de la Fuente, ni con esta última que ahora condena al doctor Simón Viñals: «La Justicia no existe mientras la Fiscalía no defienda a las víctimas», reclamaba ayer en redes sociales tras conocer la sentecia del Supremo. Porque el Tribunal ha escuchado la demanda de la madre de Cristina Arce –que recibirá una indemnización de 320.000 euros–, pero no la suya, que respondía al total abandono que sufrió su hija por parte de los responsables médicos durante el evento celebrado la noche del 31 de octubre de 2012 en el recinto del Madrid Arena: «Simón Viñals Pérez y Carlos Viñals Larruga se desentendieron totalmente de Katia Esteban Casielles, no reconociéndola para efectuar un diagnóstico y no prestándole ningún tipo de asistencia médica», narraba la primera sentencia sobre la atención que nunca recibió la joven. No obstante y para el lamento de la familia, en la condena de un año y medio de cárcel y de cuatro de inhabilitación del médico culpable, nada ha tenido que ver el caso de Katia, al considerarse imposible de demostrar que un trato mejor hubiera garantizado un final distinto, pues nunca se acreditó en qué estado llegó Katia a la enfermería, si viva o muerta.
Para el consuelo de la otra parte, que el director de un equipo médico no supiera cómo utilizar un desfibrilador para atender a Cristina sí se ha considerado esta vez prueba suficiente de la negligencia de un doctor que ha sido condenado por homicidio imprudente, pero que no pisará la cárcel al no superar su pena los dos años. Tal vez si los padres de Rocío –que sufrió el mismo caso que Cristina– hubieran aguantado un poco más en la pelea judicial junto a Ángel y a Isabel, el precio a pagar por este hombre se habría acercado más a lo que cinco familias rotas esperaban.
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