El PP en la Asamblea exige al Gobierno regional acabar con la economía sumergida

La moción recoge la coordinación entre administraciones e incentivar el cumplimiento de la ley

El pasado año, el control y la vigilancia que realizó la Agencia Tributaria y el Gobierno regional sobre quienes no respetaban las obligaciones fiscales, se saldó con una recaudación de 306 millones de euros, un 25 por ciento más que en 2014. Ante este abuso defraudatorio, el diputado regional del PP y presidente de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos en la Asamblea Regional, Domingo Segado, presentó ayer una moción en la que se solicita al Ejecutivo autonómico la elaboración de un Plan Estratégico de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida en la Región.

«Es preciso desarrollar un documento con un amplio paquete de medidas que ayude a aflorar los recursos económicos de quienes se benefician del Estado de Bienestar pero no contribuyen a su sostenimiento».

Segado aseguró que en la Región se tienen diversas sospechas de que pueda existir un elevado índice de economía sumergida, y esas altas cotas obligan a actuar de manera planificada primando la coordinación entre las administraciones.

De este modo, instó a la puesta en marcha de protocolos y convenios entre la Administración General del Estado y los ayuntamientos para «reforzar el control y la vigilancia de las posibles actuaciones irregulares»

Asimismo, subrayó que es necesario tratar de incentivar el cumplimiento a las personas y entidades de sus obligaciones fiscales ya que, recordó el diputado, «la famosa frase de ‘Hacienda somos todos’ es real, porque si no contribuimos los ciudadanos, el peso del gasto social, las pensiones, la sanidad y la educación recaerá sobre unos pocos que tendrán que hacer un esfuerzo mayor».

Por tanto, insistió, tanto desde el Parlamento autonómico como del Gobierno regional se tiene que tratar de concienciar a la sociedad de pagar impuestos para invertir en el sistema de bienestar social. «La crisis, lamentablemente, es un escenario propicio para la actividad fraudulenta, que perjudica notablemente a la competitividad entre las empresas o a la caja de la Seguridad Social».

Estimó importante, pues, trabajar de forma preventiva para detectar con antelación estas prácticas y extender las verificaciones a los colectivos con mayor riesgo de fraude fiscal.