La Ley de Aceleración Empresarial entra en vigor con el respaldo de PP y Cs

PSOE y Podemos anuncian que la llevarán al Constitucional por su «inseguridad jurídica»

Calificada como la «mejor ley que hay en España» en materia de transformación del ámbito empresarial, la Asamblea Regional, con los votos a favor de PP y Ciudadanos (Cs) otorgaron rango de ley a la propuesta de Aceleración Empresarial con la que se pretende, entre otras cosas, «regularizar las actividades de las empresas que no dispongan de licencia de actividad por disconformidad con la planificación urbanística», permitiendo que cerca de 20.000 negocios en estado de alegalidad puedan mantener su actividad y a los 50.000 trabajadores conservar su empleo.

Así lo defendió el impulsor de la norma, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, quien reprochó a PSOE y Podemos que no apoyaran la norma únicamente porque ha sido elaborada por el PP. «Les habría dado igual que viniera con las bendiciones de todos los informes jurídicos del mundo. Nosotros trabajamos bajo el modelo del consenso con quienes crean empleo y bienestar, mientras que el PSOE y Podemos prefieren trabajar desde las cárceles con los independentistas».

Además, ante las críticas de los socialistas, incidió en que la ley aportaba soluciones a los problemas urbanísticos que tiene Cartagena (liderado por el PSOE), «y que su alcaldesa es incapaz de resolver, ante la paralización que sufre el municipio».

Martínez insistió en que la ley ha sido consensuada, trabajada y negociada junto a la patronal, las cámaras de comercio y los jóvenes empresarios, «que son quienes realmente crean empleo. Son uno héroes porque han dado un paso al frente en los momentos de más necesidad».

Por su parte, el diputado de la formación naranja, Miguel Ángel López Morell, aseguró que su partido actuaba con «responsabilidad» ya que la norma establece especificaciones que permitirán a los ayuntamientos un uso provisional del suelo. «No es ninguna imposición, sino una posibilidad. Para esa licencia de actividad tampoco se inventa ningún procedimiento nuevo».

«Paraíso de libertinaje»

Los líderes de la izquierda parlamentaria abogaron por intentar tumbar la proposición de ley incidiendo en que se concurría en un delito al no cumplir con la evaluación ambiental. El portavoz socialista, Joaquín López Pagán, acusó al PP de crear una normativa a medida, «un plan de amnistía urbanística para instalar un paraíso de libertinaje económico» para las empresas a asociadas al Gobierno.

Desde Podemos, Óscar Urralburu se mostró decidido a llevar la norma al Tribunal Constitucional porque su aplicación supondrá una «inseguridad jurídica» en la Región. «Es un atropello al sentido común, que pretende legalizar edificios turísticos que no tienen licencia de actividad».