Catorce meses de prisión para los acusados del «caso Camas»

La Audiencia ha condenado a un año y dos meses de cárcel y 15.000 euros de multa a los cuatro acusados de intentar sobornar con 12.000 euros a una concejal de Camas, entre ellos el ex alcalde Agustín Pavón (IU).

La sentencia notificada ayer se produjo después de que un jurado popular declarara demostrado que los cuatro acusados se concertaron a mediados de 2005 para sobornar a la concejal Carmen Lobo y conseguir su voto a favor del equipo de gobierno en varias iniciativas urbanísticas. Junto a Pavón, los condenados son los exconcejales Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo (PA), además del empresario Eusebio Gaviño. La pena es inferior a la solicitada por la Fiscalía tras el veredicto de culpabilidad, pues pidió 18 meses, mientras que las defensas de los acusados solicitaron una pena en su grado mínimo, teniendo en cuenta los siete años transcurridos desde que ocurrieron los hechos.

La sentencia considera probado que el equipo de gobierno de Camas había quedado en minoría con la salida de Lobo y que los cuatro acusados se pusieron de acuerdo para obtener el voto favorable de Lobo a determinados proyectos urbanísticos «a cambio de contraprestaciones económicas». Para ello, acordaron abordar a Lobo a través de Francisco Javier Gordo, entonces alejado de la política, y mantuvieron con él al menos dos entrevistas, una de ellas a mediados de agosto de 2005 en el chalé de Gaviño, donde «entre todos llegaron al acuerdo» de que Gordo convencería a Lobo para que votase a favor de las iniciativas municipales «a cambio de un beneficio económico» que «cambiaría según los proyectos llevados a pleno».

Tras la primera cita, la concejal acudió a la Policía para denunciar los hechos y en la tarde-noche de ese día se entrevistó con Gaviño en un bar de la calle Torneo, donde el empresario le entregó un sobre con 12.000 euros y una nota manuscrita, redactada por Fraile, con los puntos que debía votar en el pleno del día siguiente.

Los acusados anunciaron que recurrirán la sentencia al TSJA. Pavón dijo en un comunicado que «ninguna sentencia ni ningún veredicto va a tumbar» su dignidad, y afirmó que acudirá al Tribunal Superior porque se trata de «una sentencia injusta basada en un veredicto injusto».

El ex alcalde destacó que los aspectos que fundamentan el veredicto «se caían por su propio peso», ya que «ha quedado demostrada la falta de credibilidad de los testigo» y el jurado popular no ha «tenido en cuenta» los informes de la Guardia Civil que «cuestionaban la autenticidad y veracidad» de las grabaciones de los denunciantes.