Fraile insiste en que la grabación del «caso Camas» «está manipulada»

En la sentencia del «caso Camas» –en la que se condena a 14 meses de cárcel y al pago de una multa de 15.000 euros al ex alcalde de Camas Agustín Pavón (IU), al ex concejal del PP Antonio Enrique Fraile, al ex edil del PA José del Castillo y al empresario Eusebio Gaviño por el presunto intento de soborno a la concejal del Ayuntamiento Carmen Lobo para que votara a favor de determinados puntos en el pleno municipal– el juez argumenta que las grabaciones que realizaron los dos denunciantes de las reuniones donde se produjo el presunto intento de soborno «corroboran» las versiones de los denunciantes y que «quedan avaladas» por la prueba pericial realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, por lo que rechaza cualquier tipo de «manipulación» de las mismas.

En este punto, Fraile remarca que, tanto en el informe fonético-lingüístico, el de cotejo de voz y otro solicitado por el magistrado, «se pone de manifiesto que la grabación está manipulada y no reúne la mínima calidad para presentarla como una prueba con garantía constitucional» en el proceso judicial.

Igualmente, el ex concejal del PP sostiene que «en ningún momento hemos negado las reuniones» con Lobo, originadas por «una situación política en el municipio muy conflictiva por todo lo sucedido desde que el PSOE perdiera la Alcaldía». Un asunto que se acentuó con el «bochorno que los socialistas pasaron cuando no prosperó la moción de censura».

Por ello, Fraile insiste en que el proceso judicial «está basado en todo momento en suposiciones, conjeturas, imaginaciones y pensamientos». «En un estado de derecho, para condenar, las pruebas deben ser contundentes y veraces», insiste.

Pretensiones «colmadas»

De otro lado, la Fiscalía de Sevilla anunció ayer que no tiene previsto recurrir la sentencia. Fuentes judiciales informaron de que, una vez examinado el fallo, no tiene previsto recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al entender que «colma» todas sus pretensiones. Hay que recordar que el Ministerio Público pidió para cada acusado, en el inicio del proceso, un total de 18 meses de prisión y 24.000 euros de multa por un presunto delito de cohecho.

De su lado, los cuatro acusados ya hicieron público un comunicado en el que anunciaron que recurrirán ante el Alto Tribunal andaluz el fallo emitido por la Audiencia Provincial, tras conocerse el veredicto de culpabilidad del jurado popular, al entender que el mismo es «injusto y arbitrario».