Economía
Intervención sugiere a Zoido un «plan antimorosos»
El Ayuntamiento y las empresas municipales se exponen a lo largo de 2013 a duras «penalizaciones» si pagan a sus proveedores en plazos superiores a 30 días
El informe de la Intervención sobre los presupuestos para 2013 que hoy se aprueban inicialmente en el Pleno enumera una serie de posibles correcciones. La más reiterada, con el objetivo de controlar una deuda que siguió creciendo este año pese al plan de ajuste para situarse en 518 millones, es la necesidad «imprescindible» de realizar un seguimiento «sistemático y preciso» de la ejecución del cobro de los ingresos previstos «para que vayan acompasados con la ejecución de los gastos» y, de este modo, cumplir el objetivo y evitar la elaboración de un Plan de Equilibrio Financiero.
José Miguel Braojos Corral, el interventor general del Ayuntamiento, recomienda tanto al Consistorio como a «todos sus entes competentes, y mediante los mecanismos que así se consideren, que hagan que la ejecución de los gastos previstos vayan en paralelo al cobro de los ingresos previstos». Para ello, insiste en la elaboración de los correspondientes presupuestos de Tesorería que prevean el cumplimiento de la Ley de Morosidad. Esta normativa obligará a pagar en 2013 a los proveedores y acreedores de las administraciones públicas en un plazo no superior a 30 días para no «incurrir en las penalizaciones que entraña su incumplimiento».
Hay que recordar que por impuestos directos, se prevén recaudar 14,35 millones más. El Gobierno local quiere ingresar 18,77 millones por el IBI (+10,25%) y la partida del IAE aumenta un 5,39%. En impuestos indirectos, se experimenta una minoración del 13,29% con respecto a 2012 (22,55 millones). Y por tasas se plantea recaudar 98,45 millones, un 1,24% más. En el capítulo de transferencias se contempla un importe superior de 18,71 millones (345,44 millones en total) y en ingresos patrimoniales un aumento del 16,84% hasta los 3,29 millones, principalmente en concepto de los aparcamientos municipales.
Asimismo, en las conclusiones se insiste en que las incertidumbres que se han puesto de manifiesto en en el informe se aconseja «la adopción de medidas para que durante la ejecución presupuestaria, las posibles desviaciones que se detecten no se consoliden en los resultados del ejercicio».
Desde el Ayuntamiento se trabaja desde hace meses en plantear fórmulas para frenar los impagos como el fraccionamiento de los abonos. De hecho, los estragos de la crisis ha provocado que la morosidad aumente hasta el 20% en algunos casos.
El propio informe del interventor sobre la liquidación de 2011 revelaba que el Ayuntamiento tenía 380 millones de euros pendientes de cobro, la gran mayoría por tributos impagados, 56 de los cuales era calificados como «de difícil recaudación» por tratarse de empresas que en muchos casos ya han sido disueltas. En 2012, la Agencia Tributaria del Ayuntamiento ha practicado embargos por importes superiores a los 11 millones de euros.
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