Los sindicatos, contra las formas

La paz social está lejos de ser una realidad en el Ayuntamiento de Sevilla en la actualidad. A Zoido le ha tocado ejecutar el necesario adelgazamiento de la Administración local. Decisiones poco agradables, difíciles de transmitir y que están generando enorme malestar en la plantilla municipal. La eliminación de la paga extra, la reducción de los días de asuntos propios, la aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas o la supresión del complemento de dedicación está provocando muchos dolores de cabeza a la delegada de Hacienda, Asunción Fley, y la sitúan en el punto de mira de los sindicatos.

La convocatoria de huelga de Lipasam –restan cuatro días–, las sucesión de protestas de Mercasevilla –hoy se amplían las movilizaciones– por la necesidad de privatizar el mercado del pescado o la negociación del calendario laboral –la Policía Local plantea protestas en fechas tan señaladas como el via crucis o el maratón- marca la actualidad día a día–. Ante esta situación permanente, Zoido pidió ayer «un poco de comprensión» y «ayuda» porque son decisiones destinadas a garantizar la «estabilidad laboral y los servicios públicos».

«Son momentos en los que tenemos que estar ajustando los horarios y con ello los salarios», añadió el alcalde, que recuerda la situación de «ruina total» en las que se encuentran las empresas públicas y el «desfase» en el Ayuntamiento. Pero ¿cómo se pueden digerir tantos recortes? ¿Cuál es el método para aplicarlos? Todos son traumáticos e impuestos por leyes estatales.

Desde el comité de empresa municipal se habla de «caos» en las relaciones laborales y una política de «hechos consumados» con genera enorme malestar. Por ello, los cinco sindicatos con presencia en el Ayuntamiento pedirán hoy un cambio. «Dicen que están dispuestos a negociar, pero es mentira. Asunción Fley no se ha sentado en ninguna mesa de negociación y nos tratan de una manera inusual», afirma Manuel Loza. En los mismo términos se expresó Manuel Bustelo, representante de los policías locales: «Nos tratan como a delincuentes». Una queja que viene determinada por la petición de documentación para acceder al Consistorio a los delegados sindicales. A todo ello se suma el «continuo runrún» de posibles traslados de colectivos, ante los que el Gobierno local responde que aplica criterios de eficacia y eficiencia.