Sanciones a pisos turísticos que incumplan las órdenes de cese

El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ya ha señalado en varias ocasiones que se está a la espera de la decisión de los tribunales ante los recursos interpuestos al plan de hospedaje de Manuela Carmena para redactar una nueva norma sobre el alquiler de pisos turísticos en la capital. La ley vigente, a día de hoy, sitúa al 95% de las viviendas que se ofertan en la ilegalidad, debido principalmente a un requisito que ninguno cumple: la obligatoriedad de contar con un acceso independiente.

Con todo, desde el Área de Desarrollo Urbano, dirigido por Mariano Fuentes señalan a LA RAZÓN que el Consistorio se encuentra «estudiando la viabilidad» de imponer «sanciones coercitivas» a quienes «incumplan de forma reiterada las órdenes de cese, en base a la Ley de Capitalidad». De hecho, desde que el nuevo Ayuntamiento tomó posesión, se han inspeccionado 365 edificios y un total de 6.363 viviendas, de las que 1.202 eran de uso turístico. De éstas, se ha ordenado el cese definitivo en 358 casos.

Sin embargo, a día de hoy no se ha podido cerrar ninguna, debido a los recursos que plantea el propietario y el largo proceso judicial que lleva consigo. Por ello, se le ha pedido al Gobierno regional que modifique su Decreto sobre viviendas turísticas para realizar «un mejor seguimiento de las autorizaciones» que se conceden y saber así «quién se salta la ley». Así, se solicitará que se «desarrolle más la Inspección y el Régimen Sancionador», una labor para la que el Ayuntamiento ofrecerá «toda su colaboración» a la Comunidad de Madrid.

Si bien todavía no se han concretados «importes ni plazos», las sanciones a estos propietarios serán «graduales» y podrían empezar a imponerse en el primer trimestre de 2020.

Esta semana, el delegado del área, Mariano Fuentes, comunicó estas posibles medidas a las asociaciones de vecinos afectadas. Jordi Gordon, portavoz de SOS Malasaña, señala que su intención ha sido acogida de manera favorable. «Nos parece muy bien. Primero, el reconocimiento de los derechos de los vecinos, que están sufriendo cosas muy graves. Una vecina vive ahora mismo en un edificio en el que 12 apartamentos de un bloque de 30 son viviendas turísticas, causando desperfectos que paga la comunidad. Pero también hay una situación de economía irregular. En Malasaña contamos con 33 edificios que ejercen como si fueran apartahoteles, pero sin las autorizaciones correspondientes. Están todos dedicados a viviendas de uso turístico», describe.

Precisamente ayer, y al grito de «no nos damos por vendidos», vecinos del centro de la capital se concentraron frente al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, donde interpusieron 503 denuncias antes los pisos turísticos «ilegales» que no cuentan con la precepctiva licencia de actividad y que hoy se mantienen operativos. Entre otros motivos, esgrimen que la proliferación de este fenómeno está conectada con el «proceso especulativo que está sufriendo el centro histórico de la ciudad».

Entre los colectivos denunciantes se encuentran Lavapiés ¿Dónde Vas?, la Asociación de Vecinos La Corrala, la Asociación Vecinal Sol y Barrio de Las Letras, la Asamblea de Bloques en Lucha del Centro Histórico, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. En total, exigen sanciones entre los 30 y los 452 millones de euros para los infractores.

Las denuncias interpuestas se dividen en tres bloques. El primero lo conforman Santa Ana 6 y Toledo 77, con 96 viviendas en dos edificios, propiedad de cuatro hermanos por herencia, «registradas en la Comunidad de Madrid incluso las que tienen contratos de arrendamiento». El segundo bloque es propiedad de Friendly Rentals, «el mayor operador de pisos turísticos de Madrid, perteneciente al grupo Awaze». Por último, se encuentran 106 pisos denunciados con anterioridad ante la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid y otros 64 nuevos.

Las claves

- Colectivos de propietarios como Madrid Aloja interpusieron un recurso ante los tribunales para paralizar el plan de Carmena. Sin embargo, el TSJ lo rechazó.

- El Ayuntamiento espera a que los tribunales se pronuncien ante otros siete recursos antes de redactar un nuevo plan de hospedaje.