Pisos turísticos: el plan distinguirá entre el negocio y el alquiler puntual

El área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, con Mariano Fuentes al frente, trabaja ya en la redacción del nuevo Plan de Hospedaje. Un texto que sustituirá al actual plan en vigor, elaborado por el Gobierno de Manuela Carmena, y que, en esencia suponía la ilegalidad de más del 90% de los pisos turísticos de la capital. La intención del actual Consistorio es alejarse del afán restrictivo de la anterior corporación teniendo en cuenta todos los factores que rodean a este reciente fenómeno: desde la óptica del urbanismo y la estrategia territorial, pasando por la seguridad y emergencias, sin olvidar los factores turísticos y medioambientales. Y, por encima de cualquier otra consideración, siempre con la armonía en la convivencia con los vecinos como eje prioritario.

Para lograr este objetivo, ya se están delimitando algunas de sus líneas. Una de ellas será la de que este nuevo marco normativo diferenciará entre aquellas viviendas de uso turístico ejercidas bajo el principio de unidad de explotación –mediante precio, de forma profesional y sin carácter de residencia permanente, es decir, uso de hospedaje y puro negocio–, de aquellos actos de alquiler «puntual» de viviendas y que son utilizadas como residencia permanente por parte del dueño. Para el Ayuntamiento, éstas últimas no entrarían dentro de la misma categoría, sino que formarían parte de lo que se considera como economía colaborativa.

Este punto se ha incluido después de la primera ronda de consultas del área de Desarrollo Urbano con todos los agentes implicados: la Comunidad de Madrid, las asociaciones vecinales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y los propietarios, gestores y plataformas de alojamiento.

Otro de los puntos que se encuentra en fase de estudio incumbe al número máximo de viviendas turísticas que se permitirían por edificio. En este caso, se trataría de aplicar la ley nacional de Propiedad Horizontal, que exige el consenso de tres quintas partes de las comunidades de vecinos para permitir que un inquilino ponga su vivienda en régimen de este modalidad de alquiler. Así, desde el Ayuntamiento consideran que sería lógico que el número máximo de pisos permitidos fuera correspondiente a las 2/5 partes restantes del edificio. Sería además una forma de mantener un equilibrio de copropiedad adecuado. Con todo, los responsables municipales están analizando la viabilidad de la medida.

Pendientes de los juzgados

A día de hoy, los tribunales madrileños aún tienen que pronunciarse sobre los 14 recursos judiciales que pesan sobre el Plan Especial de Hospedaje de Manuela Carmena. El Ayuntamiento siempre ha mantenido que se iba a esperar a estas resoluciones antes de lanzar un nuevo texto.

Con todo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó recientemente la suspensión cautelar del plan, tal como habían solicitado la asociación de propietarios Madrid Aloja y LikeHomeMadrid. El juez no apreció «la concurrencia de los requisitos exigidos para la adopción de la medida». Además, el TSJM recordó que las medidas cautelares tratan de asegurar la eficacia de la resolución que ponga fin al proceso, evitando la producción «de un perjuicio de imposible o difícil reparación».

Por otro lado, el Ayuntamiento continúa con las inspecciones a estos pisos de acuerdo con la normativa vigente. Desde el 15 de junio se han realizado 862 visitas de inspección. Y desde septiembre se han abierto 800 órdenes de cese, sobre las cuales los titulares han presentado más de 450 recursos. A día de hoy permanecen abiertos 325. Sin embargo, y tal como aseguró Fuentes en la comisión del ramo, estas órdenes «no sirven de nada» actualmente, debido a los recursos que interponen los afectados y los procesos judiciales que les siguen. Se trata de situaciones jurídicamente complejas, ya que «no es el Ayuntamiento» quien puede cesar la actividad: eso sería una «orden de precinto». En todo caso, el responsable de Urbanismo afirmó que hablarían con las plataformas de internet para que todas las viviendas que cuentan con una orden de cese queden fuera de la oferta turística.

También anunció que se le solicitaría al Gobierno regional la modificación de su Decreto sobre viviendas turísticas para realizar «un mejor seguimiento de las autorizaciones» que se conceden y saber así «quién se salta la ley». Para ello, se debían desarrollar en mayor medida los apartados relativos a la Inspección, así como el Régimen Sancionador».

Uno de los puntos que quedan pendientes de revisión es el controvertido requisito que exigía el plan de Carmena: la obligatoriedad de que estos pisos cuenten con un acceso independiente al resto del edificio. De hecho, esta exigencia es la que provoca que la práctica totalidad de las viviendas sean consideradas ilegales. Si bien el Ayuntamiento no ha descartado eliminar esa imposición, de momento solo ha anunciado que su plan buscará una regulación que no «niegue la realidad», porque lo que hace la actual es «prohibir la vivienda de uso turístico».