Madrid: 42.000 coches bajo la lupa de la Fiscalía

La petición de la Fiscalía de Medio Ambiente de actuar penalmente contra los vehículos altamente contaminantes no ha contado con el «no» rotundo del Ayuntamiento de Madrid. De hecho, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, si bien adelantó que la vía «preferente» de su equipo de Gobierno es la disuasión y la prevención en la lucha contra la contaminación, también reconoció que quieren abrir un «periodo de reflexión profunda» para explorar los mecanismos a los que hace referencia la Fiscalía.

En el escrito enviado por el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, alega que el artículo 325 del Código Penal, referente a los delitos medioambientales, permite afrontar «determinados supuestos que hasta ahora no pasaban de la perspectiva meramente administrativa». En su iniciativa, Vercher propone, para los días en que se decreten restricciones de tráfico, organizar «patrullas policiales de control» del mismo, en las que los agentes analizarían la densidad del humo, defectos en los motores o ausencia de la ITV. Una labor que debería contar con agentes de la Policía Local especializados en esta materia, así como de los agentes de Movilidad o incluso del Seprona. Un miembro de la Policía Local de Coordinación, presente en el Ministerio Fiscal, «permitiría la recepción rápida de los atestados en nuestra sede central».

Almeida estudiará esos «mecanismos de actuación» y, sobre todo, analizará el «alcance penal de los mismos», algo que entraría dentro de «un proceso de reflexión más sosegado». Y es que «la aplicación del Derecho Penal es la última ratio, y supone abrir un proceso de reflexión profundo antes de tomar una decisión al respecto». De ahí que su Gobierno municipal quiera mostrar a la Fiscalía «toda su voluntad y predisposición».

¿Y si es de fuera de la capital?

¿Cuántos madrileños se verían afectados por ese castigo penal? La medida afectaría a aquellos 42.000 vehículos que no cuentan con etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) al tratarse de diésel matriculados antes de 2006 o de gasolina matriculados antes del año 2000. De hecho, todos estos conductores recibieron antes de navidades una carta del Ayuntamiento de Madrid avisándoles de que, desde el pasado 1 de enero, y según la Ordenanza de Movilidad Sostenible, no pueden aparcar en ninguna de las zonas SER de la capital.

Esas posibles medidas penales de las que habla la Fiscalía se harían extensible a muchos más conductores si tenemos en cuenta todos aquellos vehículos contaminantes de fuera de la capital pero que acuden diariamente a Madrid a trabajar o por cuestiones personales. En total, serían casi cuatro millones de turismos, el 27,5% del censo de coches matriculados en la región. Uno de cada cuatro coches, según las estimaciones de la DGT.

Sobre esas posibles sanciones penales se pronunció también la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. En su opinión espera que si el Ayuntamiento «está de acuerdo» con la Fiscalía, después no «recorte Madrid Central». De ahí que Maestre pida «coherencia» al actual equipo de Gobierno, ya que considera «incompatible» reducir Madrid Central y hablar a continuación de «reflexión» sobre castigos a coches contaminantes. Y es que, poco antes de las pasadas navidades, Martínez-Almeida anunció que se «caían» de la zona restringido de Centro dos calles: Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles.

La portavoz aprovechó la rueda de prensa para recordar que su formación va a exigir al Gobierno municipal que haga públicos «cuáles son los estudios, datos, análisis que justifican el recorte de Madrid Central» puesto en marcha a partir del 1 de enero, tras no haber recibido «ni un solo dato» por parte del Ejecutivo que lo «justifique». No en vano, Más Madrid estudia interponer un recurso ante los tribunales contra esta limitación perimetral del área de bajas emisiones, así como por la ampliación de las autorizaciones para conducir por la zona.

Entre medias, está pendiente de ponerse en marcha la estrategia medioambiental Madrid 360, «sustituta» de Madrid Central, y que constituye la gran apuesta del Ayuntamiento de Partido Popular y Ciudadanos para luchar contra la contaminación. Y el acceso de determinados vehículos al centro de la capital es ahora mismo uno de los puntos de fricción entre ambos partidos. Así lo reconoció ayer la vicealcaldesa, Begoña Villacís, cuya pretensión es que los vehículos C de alta ocupación tampoco puedan acceder al perímetro restringido. En una entrevista concedida a Onda Madrid, afirmó que «no sería bueno» que se permitiera su entrada. Por ello, confía en que «aún queda tiempo para negociarlo» antes de que la estrategia entre en vigor, previsiblemente en el primer trimestre del presente año.