Vía libre para rediseñar la Ciudad de la Justicia de Madrid

Corría el año 2004 cuando la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, presentaba uno de los grandes proyectos no solo de su legislatura, sino de toda la década: la Ciudad de la Justicia. Lo que no se sabía entonces es que, más que el proyecto de la década, el plan se iba a acabar convirtiendo en la obra del siglo. Desde entonces, por la Puerta del Sol han pasado, además de Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, Pedro Rollán e Isabel Díaz Ayuso. Ahora, 16 años más tarde, y cuando ya estaba a punto de hacerse mayor de edad, la mayor ambición de la que fue durante doce años presidenta del PP en la Comunidad de Madrid ha recibido el «ok» definitivo. Aunque no con la forma que ella aprobó. Después de una infinidad de recursos y una encarnizada batalla judicial, el Supremo ha dado la razón al Ejecutivo regional, que por fin tiene luz verde para diseñar su propia Ciudad de la Justicia.

El Alto Tribunal ha rechazado así el recurso de dos empresas contra la sentencia del 3 de noviembre de 2017, que avaló el desistimiento del Ejecutivo de Cifuentes respecto al procedimiento de adjudicación correspondiente al contrato de concesión de obra pública denominado «Redacción del proyecto de ejecución, construcción y explotación» de la Ciudad de la Justicia de Madrid. El fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo se conoció ayer y certificó que la orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad del 17 de noviembre de 2015, por la que se abandonó el proyecto, se realizó conforme a derecho.

Desde que llegó al poder en verano del año pasado, Ayuso ha repetido varias veces su intención de llevar a buen término la idea de aglutinar todas las sedes del partido judicial de Madrid en la zona de Valdebebas. Ella ha sido la cara visible de esta promesa electoral, un protagonismo que ha compartido con Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas.

Fuentes de la Consejería celebraron ayer la decisión, un fallo que calificaron como una «buena noticia» que además «pone fin» al recorrido judicial de este proyecto tan dilatado en el tiempo. «Se inicia una nueva etapa que da a la Comunidad la posibilidad de decidir y definir el futuro de la Justicia madrileña», añadieron estas mismas fuentes en declaraciones a Europa Press.

De acuerdo al texto, la orden dictada por el Gobierno de Cifuentes (en concreto por Ángel Garrido, que por aquel entonces era consejero de Presidencia y Justicia) respondía a los principios de «seguridad jurídica, de confianza legítima de imposibilidad de ir contra los propios actos», por lo que «se revoca la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública».

La promesa de López

«En cuanto se produzca la decisión del Supremo acometeremos las acciones necesarias para concentrar los edificios del partido judicial de Madrid en la zona de Valdebebas», explicó el consejero hace unos meses. Los responsables del Ejecutivo regional nunca dudaron de que se encontrarían con una sentencia favorable del Tribunal Supremo, aunque no esperaban que llegase antes de verano de este año.

En esa ocasión, tanto Enrique López como Isabel Díaz Ayuso se desplazaron a los terrenos situados en el distrito de San Blas para examinar los terrenos del Núcleo de lo Penal en los que se espera que se levanten 56 juzgados y otros tres órganos judiciales. Se dividirán en tres edificios que estarán separados entre sí por apenas cien metros.

Ayuso siempre ha mantenido que el proyecto es una «prioridad» para su Gobierno y por eso siempre ha mostrado su compromiso con acabar con la «dispersión de las sedes judiciales»: «Queremos que sean cada vez más modernas, más transparentes y estén dotadas de los mejores medios», apuntó.

El proyecto inicial de Aguirre planteaba la construcción de un total de 14 edificios que llevarían el sello de algunos de los mejores arquitectos del mundo: Norman Foster y Zaha Hadid figuraban en la lista. Actualmente solo se encuentra en pie el inmueble que estaba pensado para ser sede del Instituto de Medicina Legal, conocido popularmente como «el dónut» y cuyo mantenimiento cuesta 200.000 euros al año.