Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid modificará el Estatuto de Autonomía para dictar decretos leyes por urgente necesidad

La crisis del covid-19 ha planteado la importancia de dotar al Gobierno regional de instrumentos que permitan adoptar medidas extraordinarias. Los decretos-leyes tendrán que ser convalidados expresamente por la Asamblea de Madrid

Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol
Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sollarazon

La Comunidad de Madrid va a iniciar la tramitación urgente del Anteproyecto de Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, con el objetivo de modificar el artículo 15 del Estatuto de Autonomía, de tal manera que el Consejo de Gobierno quede habilitado para dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de Decreto Ley en caso de urgente y extraordinaria necesidad.

Los decretos-leyes tendrán que ser convalidados expresamente por la Asamblea de Madrid después de un debate y votación de totalidad, por lo que el Parlamento autonómico mantiene la capacidad de ratificación o derogación y, en su caso, de enmienda y modificación. Igualmente, se podrán tramitar los decretos-leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Circunstancias como las que está planteando la pandemia del coronavirus (covid-19) demuestran que el Gobierno regional requiere dotarse de instrumentos ejecutivos que le permitan tomar las medidas de tipo legislativo y presupuestario que sean necesarias para enfrentarse a situaciones de estas características.

Corresponde al Consejo de Gobierno declarar esta tramitación urgente, tal y como regula el artículo 27.1.b de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. La tramitación por urgencia implicará que los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración se reducirán a la mitad.

Otras comunidades autónomas ya han reformado sus Estatutos de Autonomía para habilitar a los Consejos de Gobierno regionales a dictar disposiciones legislativas provisionales con forma de Decreto Ley. Se trata de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Valencia y Navarra, esta última con la reforma parcial de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.