Ábalos acusa a Ayuso de alentar manifestaciones para “derrocar al Gobierno"

El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, acusó este lunes al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid de politizar la situación de la desescalada de la pandemia de Covid-19 con su actitud crítica con la decisión del Gobierno de mantener a la región en la fase 0 -con ciertos alivios- y no progresar a la fase 1, igual que numerosos territorios de Castilla y León y Barcelona y su área metropolitana.

Ábalos, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, sostuvo que la situación en Madrid “no ha sido igual que en el resto de España”.

Por ello, indicó que solo "desde un criterio político" puede defenderse una desescalada simétrica en todos los terrritorios, "pero desde una perspectiva técnica no”, respondió ante una pregunta por las críticas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso.

Por otra parte, Ábalos comentó que Madrid “es una comunidad que ha recibido un informe detallado, claramente valorando el esfuerzo, la gestión”, y con algunos indicadores sobre prudencia y precaución, “y un gobernante responsable tiene que estar pensando en cómo mejorar las cosas, y no como empeorarlas”:

“Yo creo que insistir en abrir los centros de Atención Primaria para articular el sistema preventivo, garantizar los recursos necesario en caso de un hipotético rebrote, es mucho más eficaz desde el punto de vista sanitario, más comprometido con la salud y la vida de las personas que convocar manifestaciones en la calle sin ninguna distancia social, y con un solo propósito, no reivindicar ni protestar, sino tratar de derrocar a un Gobierno”, recriminó el ministro.

Tras esta reflexión, Ábalos señaló que “eso es realmente lo político y eso hay que articularlo con todo lo demás, esa es la politización de esta situación en la que nos enfrentemos todos sin haberlo deseado nunca”.

Prórroga del estado de alarma

Por otra parte, Ábalos se ha mostrado “convencido” de que “al final” el Gobierno contará con los apoyos necesarios para la que pretende ser la última prórroga del estado de alarma porque es “de sentido común y de necesidad”. El ministro ha asegurado que el Ejecutivo recurre a este instrumento constitucional por ser “más garantista que otras herramientas que no permiten” una “actuación” similar, limitando la movilidad de los ciudadanos y asegurando el mando único. En este sentido, Ábalos ha opinado que “cualquier alternativa al estado de alarma nace del negacionismo” a este mecanismo. “Se buscan herramientas subsidiarias para articular algo parecido y hay que usar varias leyes para tener un resultado aproximado”, ha añadido. El ministro se ha referido así a la postura del PP y de Vox, que aseguran que existen leyes que permiten ejercer una gestión sin tener que mantener el estado de alarma, como la Ley de Seguridad Nacional o la Ley de General de Salud Pública, informa Ep.

“Estamos limitando un derecho fundamental que es la movilidad. Un derecho fundamental solo puede ser afectado por un instrumento también con encaje constitucional. Se trata de equilibrar dos elementos fundamentales. Por lo tanto una ley orgánica o cualquier otra ley no tiene ese rango. Ninguna tiene la eficacia de este estado de alarma”, ha aseverado Ábalos. Así, el ministro ha explicado que el Ejecutivo está hablando con las “distintas fuerzas políticas”, a las que se está “poniendo de manifiesto cual es la situación actual” y dejando claro que esta prorroga llevaría al país a “un estado de alarma distinto”.

En esta línea, Ábalos ha sostenido que esta “fase final debería suscitar el máximo consenso”. “Todos sabíamos que la desescalada iba a ser muy compleja y al menos teníamos asumido que tenía que ser gradual, acompañada. Lo importante es ir controlando los momentos para llegar a la normalidad que ansiamos”, ha añadido.

Por otro lado, preguntado por el nombre de los expertos que asesoran al Gobierno en el proceso de desescalada, Ábalos ha recordado que su identidad puede consultarse en la “relación de personal de las administraciones”. Con todo, ha lamentado que “el foco” se quiera plantear sobre ellos porque, a su juicio, “hay algo más” que el mero interés de saber su nombre. Por eso, ha asegurado que no se suelen hacer públicos “no por el interés de ocultarlos, sino para alejarlos de la presión que algunos son especialistas en ejercer”. “Está bien que lo hagan sobre mí, que me insulten, que me escracheen pero un funcionario no debe estar sometido a esto. Pero en la relación están los nombres”, ha zanjado.