Un juez investiga la irrupción de activistas LGTBI durante una misa en la catedral de Alcalá

Un juez de Alcalá de Henares ha abierto diligencias para investigar la protesta de varios activistas del colectivo LGTBI que el 2 de abril de 2019 irrumpieron en la catedral de la localidad madrileña, impidiendo la celebración de una misa, en protesta por unos cursos que impartía el obispado sobre homosexualidad.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad complutense ve indicios de la posible comisión de delitos contra el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas y contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, que castigan, entre otras conductas, las que fomenten el odio u hostilidad por motivos religiosos y aquellas que “con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho” interrumpan una ceremonia religiosa.

El instructor pide a la Policía de Alcalá que identifique a los activistas que protagonizaron el altercado, si no lo ha hecho ya, y que confirme si interrumpieron un acto religioso, como afirma en su denuncia la asociación Abogados Cristianos. Además, quiere saber si la protesta en las inmediaciones del templo estaba autorizada y, en su caso, quiénes son sus promotores.

El colectivo querellante recoge en su denuncia que sobre la siete de la tarde del día reseñado se concentraron en el exterior de la catedral unas 150 personas “portando banderas LGTBI y otras pancartas”, de las que alrededor de 30 “entraron en el templo profiriendo gritos” contra el obispo, monseñor Juan Antonio Reig, “encarándose con los fieles e impidiendo la celebración de la eucaristía prevista para las 19:30 horas”.

Entre otras consignas, Abogados Cristianos recoge que los activistas, al grito de “fuera de Alcalá” -en referencia al prelado-, corearon consignas como “¿sois menores?, es para el obispo para que te viole” y “vosotros fascistas, sois los terroristas”, o canciones religiosas “manipuladas para vejar los sentimientos religiosos de los feligreses”, como “alabaré, alabaré, alabaré al maricón”.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que "no se puede concebir que en un estado democrático no se permita a los creyentes poder asistir a sus actos de culto" y subraya que "la Policía local, dependiente de la concejal socialista Yolanda Basteiro, estuvo presente y lo permitió".

La protesta se produjo después de que el colectivo LGTBI denunciara al Obispado de Alcalá por impartir unos cursos cuyo objetivo, según una investigación de “eldiario.es”, era “curar” la homosexualidad. Desde la diócesis alcalaína, sin embargo, se negó este extremo, asegurando que lo que ofrecían eran una formación educativo-sexual, no destinados a curar la homosexualidad, sino a “acoger y acompañar a las personas que libremente lo solicitan”.