Madrid ofrece a los taxistas implantar la licencia por puntos, el taxi compartido y el precio cerrado

El Ayuntamiento persigue hacer más competitivo el sector y otorgar más seguridad tanto a los usuarios como a los profesionales

El Ayuntamiento de Madrid está tramitando la modificación de la Ordenanza del Taxi con el objetivo de flexibilizar el sector y hacerlo más competitivo respecto a otros medios de transporte. Antes de que se ultime el borrador del nuevo texto, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha querido trasladar a las patronales y asociaciones las principales medidas que se pretenden implantar para incentivar el uso del taxi en Madrid. La licencia por puntos, el taxi compartido y el precio cerrado son tres de las grandes iniciativas que incorporan la modificación del texto normativo y que este martes han conocido los representantes de La Gremial, la Federación del Profesional del Taxi, la Asociación Madrileña del Taxi, Elite Taxi y Ataxi.

La revolución del taxi madrileño pasaría ahora por introducir el concepto de taxi compartido mediante la contratación del servicio a través de la reserva por plazas. Es decir, el conductor podría llevar en un mismo recorrido a varios usuarios que compartan un itinerario similar. Esta modalidad permitiría reducir sustancialmente el coste para el viajero. El taxi se ha regido siempre por el taxímetro en aplicación de las tarifas aprobadas anualmente por el Ayuntamiento de Madrid. Lo que se propone ahora es que el usuario pueda contratar el taxi de un modo más flexible, como se ofrece en el mercado a través de plataformas que suponen una competencia muy importante para el sector.

Por otro lado, se ha propuesto la introducción de la licencia por puntos, un mecanismo que permitiría, de forma similar al carné de conducir, graduar las sanciones por reincidencia y la habitualidad en los comportamientos punibles, llegando incluso a producirse la pérdida de la licencia en las conductas más lesivas. La pérdida de puntos estaría limitada a un conjunto de sanciones graves y muy graves.

El precio cerrado, pese a que lleva funcionando desde principios de año a través de una instrucción del Área de Medio Ambiente y Movilidad, requiere de adaptaciones en la ordenanza para mejor regulación y aumentar la seguridad jurídica tanto del sector como de los usuarios del servicio.