La Justicia “tumba” la suspensión de multas en Madrid Central

La Justicia ha anulado definitivamente la decisión del Ayuntamiento de la capital de dejar en suspenso las multas en Madrid Central. El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid ha declarado que el acuerdo del Ayuntamiento de la capital de junio del pasado año -tras hacerse con la Alcaldía José Luis Martínez-Almeida (PP)- por el que se estableció una moratoria de tres meses en las multas por acceder a la Zona de Bajas Emisiones de la capital (Madrid Central) es “disconforme a Derecho” y procede por tanto su anulación.

El instructor estima así el recurso de Aedenat-Ecologistas en Acción de Madrid contra dicho acuerdo municipal. Este mismo juzgado ya acordó hace un año la suspensión cautelar de la moratoria, tal y como le solicitó la asociación ecologista, aunque estaba pendiente que se pronunciara sobre el fondo del asunto, lo que ahora ha hecho.

La medida de restricción al tráfico en el centro de Madrid para reducir las emisiones contaminantes fue puesta en marcha en noviembre de 2018 por el Gobierno municipal de Manuela Carmena, pero al llegar a la Alcaldía Martínez-Almeida gracias al pacto PP-Ciudadanos, el Consistorio decidió suspender durante tres meses la imposición de las multas por incumplir esa normativa, a la espera de elaborar un proyecto alternativo de movilidad en el centro de Madrid. Su antecesora en el cargo ya había aprobado una moratoria con anterioridad, entre noviembre de 2018 y marzo de 2019, para llevar a cabo una campaña informativa antes de que entraran en vigor las sanciones.

La resolución es clara al determinar que "la existencia de deficiencias en el sistema de multas debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente". Ante una medida dirigida a la protección del medio ambiente como es Madrid Central, argumenta, el acuerdo municipal "no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar" en el plano medioambiental’.

En la misma línea, recuerda que "la protección de la salud y el medio ambiente son principios que deben regir los poderes públicos" y en este caso "es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales".

La resolución -contra la que cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid- incide en que la sustitución de las denuncias por la infracción de circular por Madrid Central, sin estar autorizado para ello, por meros avisos "supone la renuncia de la administración municipal al principal mecanismo para garantizar el cumplimiento de la norma que reconoce el ordenamiento jurídico, cual es el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración".

En consecuencia, el magistrado concluye que “con el acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de junio de 2019 por el Ayuntamiento de Madrid se renuncia a garantizar el cumplimiento de los preceptos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible relativos al acceso no autorizado a la ZBE (Madrid Central), cuya finalidad declarada es la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, la protección del medio ambiente y la ordenación de la movilidad para la protección de la seguridad de las personas y la seguridad vial”.

El Ayuntamiento invocó, para aprobar esa moratoria en las multas, la Ordenanza de Movilidad Sostenible de la capital, que contempla un periodo informativo previo a la “implantación definitiva” de dispositivos automatizados para imponer sanciones, como los que se utilizaban en Madrid Central para multar a los infractores. “Madrid Central no se suspende, sigue vigente”, hizo hincapié entonces Martínez-Almeida.

De hecho, el responsable de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, justificó la medida en la necesidad de «garantizar la fiabilidad técnica de las cámaras" encargadas de identificar a los vehículos que accedían indebidamente y poder así sancionarles.