Ayuso contraataca al Gobierno de Sánchez

La crisis sanitaria ha subido la tensión entre el Gobierno de Díaz Ayuso y el de Pedro Sánchez. Y crece a medida que pasan los días. Madrid echa en cara al Ejecutivo Central la «ineficacia» de la gestión en el aeropuerto de Barajas con el protocolo de actuación contra el covid sin que haya tenido respuesta alguna; pide un protocolo para poder afrontar posibles confinamientos de municipios en caso de rebrotes, y el Gobierno da la callada por respuesta. Ayer, mientras ayer el consejero de Sanidad se sometía a una reprobación por parte de los grupos de la izquierda, el Grupo Popular en la Cámara de Vallecas contraatacaba y se sumaba a la «guerra» de reprobaciones y anunciaba el registro de una proposición no de ley para que se debata la reprobación del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el socialista José Manuel Franco. ¿La causa? «La dejación de funciones los días previos al estado de alarma permitiendo numerosos eventos y actos multitudinarios sin medidas de prevención ni seguridad, todo ello para garantizar la agenda política con respecto al 8M por parte del Gobierno de España», explicó el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano. La lista contra el Delegado del Gobierno sigue. «No ha sido especialmente colaborador con las necesidades de la Comunidad de Madrid», dice el partido de Díaz Ayuso.Y pone como ejemplo que no se han atendido las peticiones en relación con la Sierra Norte y los pequeños municipios ante el incremento de población que están experimentando; «no ha acudido a las reuniones del Platercam durante la pandemia, ni tampoco ha sido un agente activo para que el Gobierno de la nación proporcione recursos para la adecuada atención de los Menas o para combatir la ocupación», añade a la lista de reproches.

Pero si hay algo que ha molestado especialmente al Gobierno de Díaz Ayuso ha sido que «se dedicara a agitar a cargos públicos socialista para tratar de retorcer el tema de las residencias, es decir, jugar y hacer política con los familiares de las residencias». Y no sólo eso, los populares creen que Franco ha tratado de buscar la imputación de la presidenta con la intención, a su juicio, de derrocar al Gobierno de la Comunidad y partirlo. Los populares, en su proposición no de ley, plantean que la Asamblea se dirija al Gobierno para solicitar al Gobierno de la nación, en definitiva, el cese del Delegado del Gobierno en Madrid.

Por otro lado, el Gobierno de Díaz Ayuso también está dispuesto a dar la batalla con la educación y la reforma de la «Ley Celaá», que sigue su trámite en el Congreso y que está pendiente del trámite de enmiendas parciales que se completará en septiembre, con el arranque del curso académico. Lo dijo ayer claro en la Asamblea. «Es una ley que va a generar profundas desigualdades entre comunidades autónomas y que no escucha a las familias». «Daremos todas las batallas políticas o judiciales para defender la libertad de las familias o la calidad de la educación porque la ley lo único que hace es cercenar la libertad educativa, la concertada y la especial».