Madrid Central, en la cuerda floja

Tal y como era de esperar, el Ayuntamiento no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordena la anulación de Madrid Central. Un dictamen que estimaba parcialmente los recursos presentados en su día por el Gobierno regional, el Grupo Popular en el Ayuntamiento y la mercantil DVuelta Asistencia Legal. El juez señalaba en cada una de esas tres sentencias los «defectos formales» de la ordenanza de movilidad, puesta en marcha por el Consistorio de Manuela en noviembre de 2018. Principalmente, hacía mención a dos errores que ponen al texto en la cuerda floja: la omisión del trámite de información pública, un requisito reconocido en la Carta Magna, y que supone la anulación de los artículos que van del 21 al 25; y la ausencia de memoria económica, «imprescindible» para el tribunal, y que ha supuesto la anulación del artículo 23.

Con su decisión de no recurrir, el Ayuntamiento deja vía libre a la Justicia para que se pronuncie sobre la legalidad de la ordenanza. La sentencia del TSJM no es firme y, de hecho, Ecologistas en Acción ha anunciado que recurrirá. Sin embargo, de adquirir firmeza estas tres sentencias, todas las multas impuestas decaerían al carecer de sustento normativo.

Con todo, el Ayuntamiento argumentó su decisión de no recurrir en una serie de informes técnicos y jurídicos del Consistorio que así lo aconsejaban. «Siguiendo el criterio manifestado por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid en los informes-propuestas emitidos respecto a las tres sentencias recaídas en los distintos procedimientos, a juicio de esta Secretaria General Técnica, no se considera adecuado recurrir en casación las referidas sentencias», recoge el informe de la Secretaría del Consistorio. En dichos textos, a los que ha tenido acceso este periódico, se explica además que las sentencias del TSJM «se basan en la jurisprudencia del Tribunal Supremo» en lo que respecta a la información pública y a la memoria económica de la ordenanza. Motivo por el cual «las posibilidades de que prospere una casación son escasas». En total, y como recordó el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se trata de cuatro informes que «coinciden en advertir que el recurso sería desestimado, al no poder revertir los defectos graves que han llevado al TSJM a anular Madrid Central».

Martínez-Almeida recordó ayer que, mientras la sentencia no sea firme, «Madrid Central sigue vigente». Afirmó que su corporación «lleva meses trabajando» en la nueva ordenanza de movilidad sostenible, Madrid 360, «que va a solucionar estos problemas y otros que tiene esta ordenanza ilegal del anterior equipo de Gobierno».

Las críticas, cuando no descalificaciones, por parte de los partidos de la oposición no se hicieron esperar. El portavoz socialista de Medio Ambiente y Movilidad, Alfredo González, tildó a Martínez-Almeida, de «pirómano» y «egoísta» por no recurrir sentencia. «Esta decisión es una tremenda irresponsabilidad. El alcalde debe representar a todos los madrileños y proteger su salud, pero ha preferido defender sus propios intereses, los de Almeida, portavoz de la oposición, el mismo que presentó el recurso a Madrid Central», afirmó González. Para el concejal del PSOE «escudarse en informes técnicos de parte y dejar a Ecologistas en Acción recurrir la sentencia demuestra un egoísmo sin precedentes».

En una línea similar, la concejala de Más Madrid Esther Gómez lamentó que el alcalde «anteponga los intereses del partido a la salud», algo «más grave si cabe» cuando se sabe que «con mayor contaminación hay mayor letalidad» del coronavirus. «Tanto Almeida como la vicealcaldesa, Begoña Villacís, han estado trabajando desde la oposición y desde el primer minuto como equipo de gobierno para echar abajo Madrid Central, la única medida que se ha mostrado eficaz en la lucha contra la contaminación», subrayó Gómez.

«A partir de ahora, la responsabilidad sobre los niveles de contaminación y la afección a la salud es del Ayuntamiento», afirmó en su perfil de Twitter Inés Sabanés, anterior delegada de Medio Ambiente e impulsora de Madrid Central durante la legislatura de Carmena.

La Plataforma en Defensa de Madrid Central, que aglutina a decenas de entidades, entre ellas Ecologistas en Acción, puso en duda «los cuatro informes técnicos express y ad hoc» con los que el Gobierno municipal justifica su decisión. Para la plataforma resulta «muy irresponsable por su parte el hecho de no recurrir, «habiendo argumentos que apoyan la viabilidad».