Ayuso, un discurso de oposición a Sánchez

La batalla contra el covid no ha terminado. «No nos descentremos», insistió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero ayer se presentó en la Asamblea de Madrid con la idea del «deber cumplido» y tratando de mostrar una imagen de unidad del gobierno de coalición sin que faltaran los agradecimientos a su socio de Gobierno y a Vox por su apoyo, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, en su primer debate del Estado de la Región.

Ayuso basó su intervención en un discurso de oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, tanto en materia educativa como económica, dos ejes de su gobierno. Ratificó su lealtad a su Majestad el Rey y enarboló la bandera de la libertad como principio básico de la Comunidad «frente a los intentos rupturistas, revolucionarios, tiranos y empobrecedores», dijo marcando ya distancias con el Gobierno de Pedro Sánchez desde el primer momento de su discurso. Acto seguido lanzó toda una lista de reproches contra el Ejecutivo socialista por «consentir y adular a los separatistas», por la «humillación» de que se haya permitido a los presos del «procés» salir en pocos meses a la calle...

En este contexto, uno de los primeros anuncios que lanzó en la Cámara de Vallecas fue precisamente mantener el «compromiso intacto» de seguir bajando los impuestos. Y eso pese a que la crisis sanitaria hace prever una caída del PIB del 12,7%, lo que se traduce en 30.000 millones de euros, una caída que es aún es «más alarmante» en otras comunidades autónomas, dijo. «Seguiremos bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid, tal y como hemos hecho en los últimos 16 años». Es más, aseguró que esta legislatura llevará a cabo su promesa de realizar la mayor bajada del IRPF de la historia de la región, que es de medio punto en todos sus tramos, una bajada fiscal que supondrá un ahorro de 300 millones de euros en total.

Llegado a este punto, rebatió las críticas socialistas de «abuso fiscal» de Madrid frente a otras Comunidades Autónoma y defendió que, pese a tener los impuestos más bajos, ««es la más solidaria con el resto de España». Y dio datos: «De los 84.000 millones de euros que se recaudan en Madrid por el IRPF, IVA y los impuestos especiales , solo 19.000, un 22%, se quedan para financiar la Comunidad de Madrid».

Presupuestos

La presidenta de la Comunidad también ha avanzado que ya están trabajando en la elaboración preliminar de un proyecto de presupuestos, para los que necesita a Vox, que ya le ha pedido que adelgace la Administración para lograr su apoyo. Pero ya avanzó que serán sociales, y la sanidad, la educación y el empleo serán una prioridad.

Por eso exigió al Gobierno de Sánchez conocer los ingresos que va a tener la Comunidad de Madrid y el objetivo de déficit sin que «no haya de nuevo un trato discriminatorio entre Comunidades Autónomas con un déficit a la carta para retribuir lealtades de partido y asegurarse votos en el Congreso». Por eso exigió que la Comunidad de Madrid reciba «en proporción a su población y al impacto de la crisis».

La «libertad» a la que tanto aludió la presidenta de la Comunidad de Madrid alcanza también al ámbito económico con la que «Madrid ha logrado muchos avances como la libertad de horario comerciales o las facilidades para crear nuevos negocios». Por eso Ayuso anuncio que el Gobierno autonómico elaborará la Ley de Mercado Abierto que garantizará la libre circulación de bienes y servicios por la geografía madrileña eliminando las cargas burocráticas.

Otro de los asuntos centrales sobre los que Díaz Ayuso marcó distancias con el Gobierno de Pedro Sánchez pretende fue el de la defensa del derecho de los padres a elegir el modelo educativo de sus hijos, convertido ya en una seña de identidad del Gobierno de Díaz Ayuso después de que «esté seriamente amenazada por distintas fuerzas políticas». Así, uno de sus anuncios estrella fue presentar un proyecto de Ley para blindar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y garantizar las plazas suficientes atendiendo a la demanda de las familias. La presidenta regional hace así oposición a la «ley Celaá» que pretende eliminar de la normativa el principio de «demanda social». La ley será una apuesta también por la Educación especial para niños con alguna discapacidad.

La idea, cuando acabe la pandemia es abordar una profunda reforma de la educación en la Comunidad de Madrid.