Madrid impulsa una ley para poner fin a la licencia urbanística

La Ley para el Impulso y Reactivación de la Actividad Urbanística, la conocida como «Ley del Suelo», la piedra angular del derecho urbanístico madrileño, una norma con 19 años de antigüedad, se presenta hoy en la Asamblea para su posterior debate y aprobación. Y lo hace para cambiar sólo cinco puntos de su articulado de este texto complejo que suprimirá la mayoría de las licencias urbanísticas en Madrid y las sustituirá por declaraciones responsables para agilizar los plazos.

Con el cambio que pretende introducir el Gobierno de Díaz Ayuso ya no será necesario, por ejemplo, pedir una licencia para determinadas obras o reformas de edificios ya existentes que no supongan una variación de su estructura o no requieran un proyecto de obra. Tampoco será preciso pedirla para cerramientos de parcelas, obras y solares, para viviendas de primera ocupación o para las demoliciones de edificios ya existentes (sin protección histórico-artística), ni para instalar casetas prefabricadas o el cambio de uso de edificios e instalaciones. Bastará con una simple declaración responsable. «Es un procedimiento más ágil en el que el interesado se dirigirá a la Administración y con su declaración explicará cómo cumple con la regulación para la reforma que pretende abordar y esto no significa que cada uno haga lo que quiera», explica el diputado del Grupo Popular Diego Sanjuanbenito.

La reforma «está alineada con las Directivas del Parlamento Europeo que consagran el principio de simplificación administrativa y esta modificación puntual es una medida necesaria para hacer frente a la crisis económica y social», asegura la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.

En su opinión, se trata de una cambio «imprescindible con el que vamos a beneficiar de forma inmediata a ciudadanos y ayuntamientos, que son los que hasta ahora se veían perjudicados por trámites lentos y costosos», añade. De hecho, sólo con la supresión de las licencias de primera ocupación, se prevé un ahorro cercano a los 70 millones de euros, según los cálculos del Ejecutivo regional.

El cambio se pretende introducir «supondrá un ahorro para los madrileños, atraerá la inversión y creará empleo en un momento crítico para nuestro país. Y es que la creación de empleo es la mejor política social para nuestra región», dice la consejera de Medio Ambiente.

Además, cree que la nueva normativa permite competir a la Comunidad con otros países, como Finlandia, Noruega y Dinamarca, donde ya está vigente la declaración responsable y los plazos administrativos son más cortos. Esto se supone que ayudaría a atraer la inversión internacional.

Sanjuanbenito considera que, en el caso de las viviendas de nueva construcción, se eliminaría parte de su sobrecoste y también parte de la carga burocrática para los Ayuntamientos. Conseguir una licencia para una vivienda nueva pude suponer tener que esperar año y medio y 15.000 euros de coste financiero que las promotoras repercuten en el consumidor. Ahora, todo esto se suprimiría.

Los partidos de la oposición creen que el cambio supondrá facilitar la construcción sin control y pérdida de ingresos para los ayuntamientos, cosa que niega Sanjuanbenito. Pero lo que ve peor la oposición es que el cambio se tramite por la vía exprés de lectura única, que abrevia plazos a la vista de que el cambio es muy puntual. Más Madrid ya ha avanzado que acudirá al Tribunal Constitucional por vulneración de Derechos fundamentales.