Ayuso denuncia una “invasión de competencias” por parte de Illa en su recurso ante la Audiencia Nacional

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado esta mañana su recurso contra la aplicación de la orden del Ministerio de Sanidad para establecer nuevas limitaciones en la región. Ha registrado este recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

En su argumentación, el Gobierno de Díaz Ayuso señala “el perjuicio que la Orden del Ministro causa a esta Administración”, ya que, a su juicio, “en primer lugar, hay que señalar el perjuicio que se deriva como consecuencia de la invasión de competencias que ha supuesto la Orden del Ministro, mediante una utilización torticera del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”.

El Ejecutivo regional solicita a la Audiencia Nacional medidas cautelares que paralicen la entrada en vigor efectiva de estas limitaciones. Argumenta la administración autonómica que la orden del ministro Illa se ha adoptado sin acuerdo en el marco del Consejo Interterritorial de Salud y que apenas ha dado 48 horas para su implementación.

Recuerda el Gobierno de Ayuso en su escrito que es el Gobierno regional el competente en materia sanitaria: “Lo cierto es que es la Comunidad de Madrid la que ostenta la competencia para adoptar las medidas sanitarias. Encontrándose ahora con la imposición de una serie de medidas que derivan de un uso instrumentalizado del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”. Va más allá el recurso al señalar que las medidas contenidas en la orden ministerial entrarían dentro del marco de limitación de libertades que regula la declaración del Estado de Alarma: “En realidad la Orden del Ministro supone la aplicación de unas limitaciones propias del estado de alarma”, señalan.

También advierte de las posibles irregularidades que comete la orden ministerial por afectar a derechos fundamentales: “Tales medidas, además de afectar sensiblemente a la vida ordinaria y a la actividad económica, implican una limitación de derechos fundamentales. Lo que, por tanto, reclama una especial mesura en su adopción, enfoncándolas siempre a una finalidad sanitaria, pero en el marco de los principios de utilidad y, muy especialmente, proporcionalidad”.

En el plano estrictamente sanitario, el recurso pone el acento en cómo las medidas del Ministerio “al ampliar su ámbito de aplicación -al no limitar la movilidad en el interior de las zonas de salud más afectadas sino en el conjunto de cada municipio, dando por tanto mayor libertad de movimientos a los vecinos con una tasa de contagios más alta-, pueden resultar contraproducentes, siendo, en términos sanitarios, más acertado el criterio que viene adoptando esta Administración".