Una ley -como tantas otras, por lo demás-, que le cambiará la vida. Literalmente. El pleno de la Asamblea de Madrid abrió la puerta ayer a reformar la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de fomentar obras que faciliten la accesibilidad de las personas con discapacidad y personas mayores en sus viviendas.

Todos los grupos parlamentarios, salvo Vox que se ha abstenido, han votado a favor de esta proposición de ley de iniciativa legislativa presentada por Ciudadanos, que será remitida al Congreso de los Diputados de ser finalmente aprobada por la Asamblea de Madrid.

La iniciativa establece que las obras de accesibilidad, tales como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos, solicitadas por personas que las necesiten “tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios”.

También plantea obligar a las administraciones públicas a habilitar fondos anuales dedicados a “sufragar programas de ayudas y subvenciones públicas para la reforma, rehabilitación y acondicionamiento de edificios de viviendas en materia de accesibilidad”.

El diputado de Cs Tomás Marcos ha subrayado que esta reforma de la mayoría de los inmuebles están sometidos al régimen de propiedad intelectual “haciendo obligatorias las obras y actuaciones de accesibilidad en los inmuebles, siempre que lo soliciten vecinos con discapacidad reconocida o mayores de 70 años”.

Según Marcos, en toda España hay 100.000 personas con discapacidad y personas mayores por falta de accesibilidad. Unos mayores “que están permanentemente confinadas en sus casas sin poder salir”, por falta de accesibilidad, de ascensores o rampas.

El diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé ha espetado a Ciudadanos que debería haber presentado esta propuesta, impulsada por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (Cermi), en el Congreso de los Diputados, y ha añadido que el Parlamento madrileño ya aprobó una proposición no de ley en este sentido y, por ello, se han abstenido.

La diputada del PP Ana Dávila ha apuntado que “se ha avanzado mucho” en normativas para mejorar la accesibilidad, siendo la Comunidad de Madrid “la única región dentro del ámbito nacional” que garantiza unos servicios sociales públicos gratuitos para personas con discapacidad.