De la placa de los carmelitas a la de Largo Caballero: cinco años de batallas en Cibeles

La controversia que rodeó a Carmena por la purga del callejero regresa ahora con la ofensiva de Vox contra figuras de izquierda del siglo XX

Placa dañada retirada de la antigua fachada de la vivienda donde residió el que fuera presidente de la II República Francisco Largo Caballero UGT 05/11/2020Servicio Ilustrado (Automático) UGT

Al poco tiempo de aterrizar en el Palacio de Cibeles en junio de 2015, Manuela Carmena situó la memoria histórica como una de las prioridades de su mandato. Su bagaje en esta materia –también las polémicas en las que incurrió– demuestra que iba en serio. Ahora, tras la iniciativa presentada por Vox para retirar las vías, las placas y las estatuas que rinden tributo en la capital a dos líderes de la izquierda del siglo pasado, Indalecio Prieto y Largo Caballero, las batallas dialécticas en torno a la memoria histórica han regresado al Pleno de Cibeles. Aunque de momento, no parece que ninguna iniciativa más sobre esta materia vaya a salir adelante. Ciudadanos se ha plantado. Su líder, Begoña Villacís, ha dejado claro que los 15 ediles del partido naranja no apoyará ninguna propuesta más que vaya en la línea de revisar la historia y buscar la confrontación. Especialmente en un momento de emergencia social como el actual.

52 calles y una placa

En contra de lo que ocurrió en casi la mayoría de las áreas de su Gobierno –en las que fue un denominador común la incapacidad de sus delegados a la hora de ejecutar las partidas presupuestarias aprobadas–, el equipo de Carmena sí se aplicó a fondo en su particular aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Encargó a la concejala Celia Mayer –a la que acabaría destituyendo meses después– la elaboración de un listado de las calles y plazas con referencias franquistas. Abonada a la polémica de forma casi permanente, Mayer redactó un catálogo de más de 200 calles. Tras la caída de Mayer, la propia Carmena asumió el área de Gobierno de Cultura y puso en marcha un Comisionado de la Memoria Histórica a cuyo frente situó a una histórica del PSOE, su socio de legislatura, que no de Gobierno, en Cibeles: Francisca Sauquillo. Finalmente, el equipo confeccionado por Sauquillo decretó la «purga» de hasta 52 calles. Varias de ellas continúan hoy a la espera de una decisión judicial en firme a pesar de que el renombramiento es ya una realidad en todas ellas.

Al margen de lo que tiene que ver con el borrado de las vías públicas que supusieran un ensalzamiento del franquismo o de la guerra civil, el Ejecutivo local de Carmena también llevó a cabo otra serie de iniciativas no exentas de polémica. Entre ellas, cabe destacar la retirada en el Cementerio de Carabanchel Bajo de una placa de homenaje a ocho beatos carmelitas fusilados en la Guerra Civil. Pocos días después, Carmena se vio obligada a reconocer el error y reponer la placa.

Largo y Prieto, en la diana

Con el cambio de gobierno en Cibeles, y especialmente con el estallido de la pandemia de covid, no parecía que la memoria histórica fuera a ocupar un papel central en los debates de los partidos políticos del Ayuntamiento de Madrid. Hasta que en el último pleno, Vox llevó a debate una iniciativa para retirar las calles y las placas de homenaje a Largo Caballero e Indalecio Prieto y para instar al Gobierno de Sánchez a retirar sus estatuas de Nuevos Ministerios. PP y Cs apoyaron la medida y hace escasos días pudo verse la aplicación efectiva de parte de la iniciativa, mediante la retirada de las placas de la polémica. La imagen de varios operarios, maza en mano, tratando de descolgar estos monumentos provocó las críticas de los tres partidos de izquierdas del Pleno de Cibeles y provocó un cierto malestar entre algunos concejales de los partidos que sostienen al Gobierno del alcalde Martínez-Almeida. El último episodio de este culebrón lo hemos vivido esta semana con la publicación de unas imágenes en las que se pueden ver la placa de Largo Caballero hecha añicos. Desde la oposición política al actual equipo de Gobierno y desde el ámbito sindical ya han puesto en manos de la Justicia la aplicación de la iniciativa impulsada por Vox en el consistorio de la capital.