La contrarreforma de Ayuso a la «ley Celaá»: más centros concertados

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, está dispuesta a liderar una contrarreforma a la «ley Celaá» con una norma autonómica que blinde la educación concertada y la especial, dos modelos educativos que considera que están amenazados con la nueva ley de educación que el PSOE ha pactado con sus socios de gobierno y los partidos nacionalistas y de izquierdas. De hecho, la previsión es que pueda ir al Consejo de Gobierno dentro de un mes y será a partir de ese momento cuando inicie la tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid.

«Haremos una ley sin fisuras que defenderá a la concertada y, sobre todo, a la especial. Es increíble que tengamos que llegar a estos extremos para defender que los padres con hijos con algún tipo de discapacidad nos pidan que protejamos por ley sus colegios. En esta batalla nos van a ver», dijo ayer la presidenta regional durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid.

La concertada asegura que la Lomloe, o la «Ley Celaá», la asfixia y está abocada a su desaparición o a quedar relegada a un modelo residual después de que el derecho a la educación quede garantizado con plazas públicas. Así, según el proyecto de ley que se tramita ahora en el Congreso, la idea es mantener este modelo allí sólo donde no haya plazas públicas y sólo hasta que se disponga de las suficientes.

La ley, además, suprime el concepto de «demanda social». Es decir, estos centros no podrán ampliar sus plazas, aunque haya padres que así lo quieran, si hay hueco para un alumno en la enseñanza pública.

Ayuso está dispuesta a ignorar este concepto que introduce la ley en su normativa autonómica y «va a mantener la demanda social como criterio para que la Administración educativa madrileña construya centros y ofrezca plazas a las familias», aseguran fuentes de la consejería de Educación.

De este modo, la futura ley de la Comunidad de Madrid indicará a la Consejería de Educación que debe tener en cuenta la demanda social a la hora de construir infraestructuras, crear y ofrecer plazas a las familias.

Es decir, habrá más centros concertados, si los padres quieren o lo piden. Ahora, uno de cada tres padres eligen este tipo de educación para sus hijos y hay 558 centros subvencionados frente a los 1.891 públicos y los 1.201 privados, según los últimos datos de la consejería de Educación. Pero lo cierto es que la cifra de conciertos en los últimos años se ha mantenido estable y sin variaciones.

«La Ley estatal dejará de completar la demanda social, pero la normativa autonómica si la establecerá como criterio. El gobierno de Sánchez es un gran partidario de la cogobernanza, así que no tendrá problema alguno en que la Comunidad de Madrid sea fiel a ese criterio dentro de su ámbito de actuación», dijo ayer el consejero de Educación Enrique Ossorio en una entrevista en Onda Cero.

Ayuso podrá aplicar su propia ley sin vulnerar necesariamente la ley orgánica de educación, de rango superior. Una vez que se apruebe la «ley Celaá», que se prevé que sea en el mes de febrero próximo, las comunidades autónomas «podrán aplicarla en un sentido contrario a la concertada o manteniendo un equilibrio entre la red pública y la concertada. La Lomloe deja la programación de los puestos escolares en manos de las autonomías sin límites y sin tener en cuenta, con carácter general, la demanda social. Pero si una comunidad autónoma quiere tener en cuenta ese criterio lo puede hacer», aseguran fuentes jurídicas a LA RAZÓN.

Educación especial

Lo mismo ocurriría con la educación especial. La lomloe impulsa un modelo integrador de estos alumnos en los centros ordinarios, pero muchos padres se resisten al cambio porque no creen que sus hijos podrán recibir allí la atención que requerirían. Así la Ley de la Comunidad de Madrid establecerá que existan colegios de educación especial y a estos irán los alumnos que las familias consideren que son mejor para ellos que los ordinarios. «La Comunidad de Madrid hará caso de la voluntariedad de las familias, aunque, lógicamente, se tendrá en cuenta el criterio de los profesionales para aconsejar a las familias cuál es el mejor centro para escolarizar a sus hijos», añaden desde Educación.

La presidenta regional, durante su intervención en el pleno de la Asamblea, criticó que se esté tramitando en estos momentos un proyecto de ley de educación «cuando todos los españoles están preocupados por el futuro de sus hijos, de su economía, de sus empresas. En esa situación, por la espalda y sin ningún tipo de consenso el Gobierno sigue ahondando en la llamada ley Celaá, un desastre que va a seguir perjudicando a la calidad del sistema educativo».

A juicio de Ayuso, la ley «va a regalar el aprobado a los estudiantes cercenando la autoridad del profesorado y los políticos se van a meter en las aulas para decir a los alumnos que pueden pasar o no de curso sin estar preparados». Es más, cree que el modelo que se pretende implantar «atenta contra los alumnos que tienen menos recursos económicos» y perjudica a los niños con grandes capacidades «que no pueden crecer en base a su esfuerzo y mérito».

También lamentó que la norma «ataque al español» cuando considera que es un derecho constitucional. Los grupos de la Asamblea, sin embargo, ayer no consiguieron ponerse de acuerdo para sacar adelante una declaración institucional en defensa del castellano y en contra de la «Ley Celaá».