Madrid acabará con los “efectos perniciosos” de la Ley Celaá

Una “batalla” educativa y legal por delante. En ello se ha situado la Comunidad de Madrid, que, por boca de su consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha insistido en que tomará “las medidas adecuadas” dentro de su ámbito competencial para contrarrestar los efectos “perniciosos” de la LOMNE, denominada Ley Celaá, incluso cambiando la ley regional al imponer “un ideario sectario de un modelo de enseñanza”.

El consejero madrileño ha criticado que el Gobierno introduzca “trampillas legales” para que la educación concertada cada vez tenga menos peso y la educación especial se convierta en centros asociados a lo público.

“El Gobierno regional tiene sus competencias en materia de Educación y dentro del ámbito de esas competencias se tomarán las medidas adecuadas para contrarrestar los efectos perniciosos de esta futura ley. No se trata de incumplir la ley, que esto quede muy claro. Desde los gobiernos en los que está el PP nunca se va a permitir que se incumpla una ley”, ha subrayado.

Por ello, ha recalcado que se hará todo aquello que “tienda a favorecer la libertad de elección de los centros por parte de los padres, el fortalecimiento de la enseñanza concertada y el mantenimiento de la educación especial”.

Así, ha indicado que como dijo ayer el consejero de Educación, Enrique Ossorio, habrá un recurso en el ámbito constitucional pero dentro de las CCAA en las que gobierna el PP se tomarán las medidas que permita la ley, “incluso cambiando la propia ley regional” lo que “no lleva a incumplir la ley del Estado”.

“No hace falta que Celaá diga que hay que cumplir la ley, como todos las leyes, porque eso lo dice la Constitución. Es curioso que cuando se aprobó la LOMCE dirigentes socialistas hablaban de no aplicar la ley”, ha querido recordar el consejero madrileño.

López ha insistido en que esta ley “regresa a lo peor de la LOE(Ley Orgánica de Educación) del año 2006” dado que es “contraria a la Constitución, la libertad de enseñanza y al mantenimiento de los poderes públicos en la concertada, que no es una opción sino una obligación que impone la Constitución”.

Por ello, ha recalcado que el Gobierno central “tiene que cumplirlo” porque de lo contrario “va en contra de la libertad de los padres para que sus hijos sean educados en sus convicciones morales y religiosas”. “Y esto afecta a los más desfavorecidos porque no pueden acudir a la enseñanza privada y confían en la concertada”, ha reseñado.

“Se trata de libertad, la enseñanza concertada no puede ser algo residual. Tiene que ser una alternativa a la pública. Y donde hay más libertad de enseñanza, la educación es de mayor calidad. Está acreditado que la competición entre centros hace que la calidad suba como el sistema de Suecia, que compiten para mejorar la calidad de la enseñanza”, ha destacado.