Desalojo en el Palacio “okupado”: el Gobierno de Almeida ofrece una solución a 32 familias

Mesura y ponderación y, sobre todo, que no se convierta en un coartada ideológica. Esto último es lo que sucede con la okupación y no cesan los ejemplos. En la céntrica calle Luna 32 hay un edificio municipal en el que viven 250 okupas, entre ellos 32 familias con 40 menores a su cargo. El consistorio les pidió que abandonaran voluntariamente el edificio y ayer se les notificó el desalojo. Los inquilinos, como es lógico, piden una solución habitacional y cuentan con el apoyo entusiasta y encendido de algunos vecinos del barrio agrupados en SOS Malasaña que, todo hay que decirlo, solían ser más mansos cuando estaba Manuela Carmena en Cibeles. Las cosas como son. Insisto, el trasfondo ideológico siempre agita o detiene estas olas solidarias. ¿A qué sí, Ada Colau? Pero esa es otra historia.

A nadie se le escapa que, en la mayoría de los casos, los okupas viven en edificios que les darán amparo pero que son un peligro para su integridad porque están en unas condiciones arquitectónicas que son un riesgo y de la salubridad ni hablemos. Eso es tan preocupante como insistir en permanecer en ellos pero quizá es un error perpetuarse en una situación que no es deseable para nadie y que las administraciones deben actuar raudas para encontrar una solución.

Isa Serra de Podemos estuvo ayer allí, lo que se ignora es si sería tan activa si gobernase la capital su partido –intereses partidistas, subrayo– porque de lo que nunca hablará es de la pasividad de la anterior regidora y que el actual está trabajando para garantizar la seguridad de sus moradores y ofrecer atención social a los que están en una situación vulnerable. Al parecer, las alternativas están encima de la mesa a través del Servicio de Asesoramiento de Emergencia Residencial (SAER). Se advierte, para quien haya pasado por allí es evidente, que «el edificio sufre graves daños, lo que obliga a los técnicos del Área de Desarrollo Urbano a intervenir para asegurarlo». Desde el ayuntamiento también se añade que «todos los ocupantes se encuentran allí de forma ilegal». Desde noviembre de 2019 se está advirtiendo del desalojo mientras parece que la buena voluntad de unos y otros estaba en puntos suspensivos.