Escándalo
La alcaldesa de Móstoles, ahora investigada por supuestos «tratos de favor»
La Cámara de Cuentas investiga si Noelia Posse perdonó impuestos a empresas privadas tras la denuncia del interventor. El Ayuntamiento dice que «se falta a la verdad»
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, apodada como la «alcaldesa de los enchufes», vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez por supuestos «tratos de favor» a algunas empresas del municipio a las que se eximió de pagar los impuestos o los cánones correspondientes, según ha denunciado el propio interventor municipal en un informe remitido a la Cámara de Cuentas.
En el documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el funcionario informa de lo que vendría a ser como una especie de «amnistía fiscal» a algunas empresas privadas de la localidad por parte de la alcaldesa socialista que «ha generado mucha preocupación a esta intervención».
Entre las beneficiadas el funcionario público señala a una ITV radicada en la localidad que entre 2013 y 2018 acumuló una deuda con el Consistorio que se eleva a 1.026.232,51 euros y sobre la que ha habido una «deficiente gestión del cobro de los cánones anuales por parte del Tesorero municipal». ¿Qué significa esto? «que no se ha cobrado ningún canon de estos ejercicios» con la consiguiente «pasividad municipal» pese a la advertencia del funcionario, dice el documento.
El interventor puso el asunto en conocimiento de la Cámara de Cuentas y alertó incluso de que esa deuda podía prescribir. Según expone, además de no cobrarse la deuda a esta empresa, para más inri, el Tesorero municipal, en julio pasado, propuso reducir a esta ITV el canon anual que debía pagar de 147.653,49 euros a 60.000, condonar la mitad de la deuda a la empresa y fraccionar lo que quedaba pendiente a razón de 30.000 euros anuales. «Y todo ello sin exigir intereses de demora ni garantía alguna de cumplimiento».
No conforme con todo ello, el funcionario, del que la alcaldesa ha pedido su cese al Ministerio de Hacienda, emitió un informe desfavorable sobre la idea de dejar a la mitad la deuda a la ITV e incluso advirtió al equipo de Gobierno de las responsabilidades en las que podría incurrir de naturaleza administrativa, contable e incluso penal porque el acuerdo «producía un perjuicio de valores a la Hacienda Pública Municipal», un hecho que considera de especial gravedad.
Además de la citada ITV, el documento alude a otras dos empresas, aunque se considera que podrían ser más las que se encontraran en esta situación.
El pasado 5 de noviembre el interventor decidió poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas los hechos para que se depuren las posibles responsabilidades contables y se diriman responsabilidades entre personas que hayan podido incurrir en algún tipo de irregularidad.
El funcionario se lamenta de que, por cumplir fielmente las obligaciones de su cargo, «la relación profesional en asuntos municipales con la alcaldesa prácticamente desapareció» y se generó desconfianza.
El informe no ha pasado por alto a grupos políticos como Más Madrid Ganar Móstoles, que ha venido apoyando al Gobierno de Noelia Posse. De hecho, ha exigido que se adopten medidas enérgicas antes las «presuntas graves irregularidades y tratos de favor» y ha exigido el cese del director general de Tributos del Ayuntamiento de Móstoles. «Hemos conocido hechos muy alarmantes que suponen un menoscabo en las cuentas públicas. Este señor no protege debidamente el interés general», ha explicado su portavoz, Gabriel Ortega, en declaraciones a Móstoles Actualidad.
Por su parte, el concejal de Hacienda, Victorio Martínez, ha asegurado que el portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles «falta a la verdad, confiamos en el trabajo de los técnicos municipales y no ha existido ninguna amnistía fiscal ni trato de favor a ninguna empresa privada que se tenga conocimiento porque el informe de Intervención del que habla es parte de un expediente de control interno que se eleva al Tribunal de Cuentas por ley con las alegaciones oportunas y que no puede ser valorado sesgadamente, sino valorando los argumentos de las partes en su integridad. Esa es la función del Tribunal de Cuentas», explica.
Según el concejal, el Gobierno municipal «vela por la legalidad y el interés general y si hay alguna actuación ilegal, le invitamos a que lo ponga en conocimiento de los Tribunales». Además aclaró que el Gobierno local “ha sido totalmente transparente porque este informe se llevó a pleno la semana pasada y se trasladó a todos los grupos políticos”.
Desde el Consistorio señalan, además, que “fue el Concejal de Hacienda el que dio traslado del informe al Tribunal de Cuentas por orden de la alcaldesa”.
Operación «acoso y derribo» al interventor
El interventor municipal no oculta que, a raíz de estas advertencias, él mismo fue víctima de una operación de «acoso y derribo». Detalla en su informe que en el Ayuntamiento su «descabezamiento» se conocía como «Operación ADIN».En el Consistorio había una situación de crispación «alentada por personas de la Alcaldía o cercanas a ésta con acusaciones infundadas a cerca de mi trabajo», lamenta el funcionario. Incluso asegura que se llegaban a escuchar comentarios del tipo: «ya nos hemos cargado al Secretario General, ahora le toca al Interventor».
La alcaldesa que hizo de Móstoles la «capital del enchufe»
Si hay algo por lo que en los últimos tiempos ha saltado Móstoles a los medios de comunicación ha sido por ser la «capital del enchufe», decía el vicepresidente regional, Ignacio Aguado. El escándalo se desató cuando la regidora socialista empezó nombrando a su hermana como coordinadora de Redes Sociales, puesto que acabó revocando por la presión. También ascendió a su tío, que también se vio obligado a renunciar. En total, el nombramiento de hasta siete cargos de confianza fueron puestos en duda al tratarse de familiares y amigos de la alcaldesa.
También generó numerosas críticas que su ex pareja recibiera un sobresueldo de 800 euros cuando fue nombrado supervisor del Grupo de Intervención Especial del Consistorio de la localidad del sur.
Los casos de enchufismo generaron tal escándalo que hasta fue preguntado por su caso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La actuación de Posse fue puesta en cuestión por su propio partido. De hecho, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE propuso una suspensión de militancia para la regidora por «una mala conducta ética». Su caso fue llevado al Comité de Ética, que tardó varios meses en pronunciarse sobre el caso.
En octubre de 2019 ella misma pidió ser suspendida de militancia de forma cautelar hasta que hubiera un «veredicto» del partido. Pero el PSOE acabó dando carpetazo al «caso Posse» sin causar grandes rasguños a la alcaldesa de Móstoles. El Comité Regional de Ética resolvió que lo ocurrido podría ser constitutivo de una «falta grave» al considerarse «una mala conducta ética y provocar daño al partido», según establece el artículo 88 de los Estatutos Federales del PSOE. Para este tipo de faltas, la sanción establecida es la de suspensión nueve meses de militancia, pero Posse había pedido ser suspendida de manera cautelar con anterioridad, con lo que la sanción se consideró cumplida cuando el comité se pronunció sobre el caso.
La regidora socialista siempre ha defendido que no había cometido ilegalidades y negó haber colocado a nadie a dedo. «He nombrado cargos de confianza, cosa que la ley ampara», dijo. Se consideró víctima de una «caza de brujas en la que hay más mentiras que verdades». Tan solo ha llegado a admitir públicamente que cometió un error al nombrar a su hermana, a la que luego cesó. «He pagado un alto precio político y personal por ello», lamentó en su día.
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