Sin dinero para divorciarse
El Covid, “aliado” del matrimonio: hunde un 20,21% las separaciones en Madrid
La crisis económica frena las demandas de divorcio pese al aumento de consultas legales tras el confinamiento y los toques de queda
El impacto del Covid en la economía familiar ha sido decisivo. En todos los campos. Incluso en esas parejas que han decidido poner fin a su convivencia. Lo cierto es que los roces de los confinamientos han podido menos que la crisis económica que ha golpeado con fuerzas a esas mismas familias. No hay dinero para divorciarse. Las demandas de disolución matrimonial presentadas en 2020 en la Comunidad de Madrid mostraron importantes reducciones interanuales, con una disminución conjunta del 20,21% respecto a 2019, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hechos públicos hoy.
En concreto, las 6.563 demandas de divorcio consensuado fueron un 17,1% menos que las de 2019; las 4.467 demandas de divorcio contencioso, un 23,9% menos; las 335 de separación consensuada, un 28,1% menos; y las 125 de separación contenciosa, un 15,5% menos. En 2020 se presentaron en la región quince demandas de nulidad frente a las 14 presentadas en 2019.
Aunque es el sexto año consecutivo de tendencia en el descenso de las demandas de disolución matrimonial, la disminución de éstas en 2020 ha sido mucho más acusada que en ejercicios anteriores: en 2019, la bajada fue del 2,3%, con decrementos del 3,1% en los divorcios consensuados, del 1,1% en los divorcios contenciosos y del 22,5% en las separaciones contenciosas. Sólo en las separaciones consensuadas el aumento fue del 4,5% en relación al año 2018.
La crisis económica frena las demandas de divorcio pese al aumento de consultas legales tras el confinamiento. Es evidente que las personas que se encuentran en paro, ERTE o han perdido su negocio no pueden sostener dos unidades familiares a la vez. Han decidido esperar mejores momentos...
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020 se aprecia que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en las Canarias, con 23,6%.
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