Aguado: auge y caída del barón naranja

La frase de que dos años en política son una eternidad es uno de esos lugares comunes tan habituales en las tertulias. Para lo sucedido en Madrid entre mayo de 2019 y marzo de 2021 es, sin embargo, una descripción que, incluso, se queda corta. Hace 20 meses, el socialista Ángel Gabilondo ganó las elecciones en Madrid; el PP, con Isabel Díaz Ayuso como candidata, logró los peores resultados de su historia en la región; y Ciudadanos se situó como tercera fuerza a tan solo tres puntos de los populares. Hoy nos encontramos en una precampaña en la que Ayuso parte, según las encuestas, con todas las papeletas para obtener una mayoría incontestable, en disposición incluso de que sea absoluta; con Gabilondo y el PSOE sin apenas opciones de ser primera fuerza y el único objetivo posible de unirse a un bloque izquierdas con Más Madrid y Podemos; y con Ignacio Aguado fuera de la política y Ciudadanos ante la amenaza de poderse quedar sin un solo escaño en Vallecas.

Ésta ha sido la semana en la que se ha concretado la caída del que era hace tan sólo 12 días vicepresidente madrileño. Cierra la etapa de la política. En 2019, fue el dirigente territorial naranja con mejor resultado en los comicios autonómicos. Tras la reciente debacle de los de Inés Arrimadas en Cataluña, era también el líder con la bancada de Cs más numerosa en un parlamento regional. Todo se desmoronó, sin embargo, el 10 de marzo. Pero, ¿cómo han sido estos dos años de Aguado como vicepresidente? Lo cuentan a LA RAZÓN los que han compartido con él bancada en la Asamblea y asiento en el Consejo de Gobierno, de un lado y de otro.

Entre algunos compañeros del grupo parlamentario de Cs existe la certeza de que Aguado ha sido víctima del pecado original de una mala negociación de sus competencias. «Un vicepresidente no puede tener como única responsabilidad las cuestiones relativas a Deportes. Eres un portavoz sin contenido», asegura un diputado. Un pero que va acompañado de un reconocimiento de la labor que ha desempeñado a la hora de mejorar la transparencia de la administración regional y de, por ejemplo, haber arrancado a la presidente Ayuso un compromiso para poner en marcha un plan de rescate ciudadano para empresas y familias por un montante de 1.000 millones de euros.

También insisten en poner en valor los éxitos de algunas consejerías en manos de Ciudadanos y coordinadas por Aguado, como la de Transportes y Economía. Pero también ha reproches. Algunos diputados, entre ellos, los que esta semana han dejado el partido, ven a Aguado como el responsable de hacer insostenible la convivencia dentro del Gobierno, de tensar la relación con Ayuso y de menospreciar a un socio necesario, como Vox, si lo que se pretendía era agotar la legislatura y aprovechar estos dos años restantes para reactivar a la militancia desencantada.

En el otro flanco, el que ocupan los consejeros populares, coinciden a la hora de definir la actitud del ex vicepresidente: deslealtad. «Han sido un constante, pero se acentuaron en los días previos a la disolución de la Asamblea», reconocen.

Y eso que esos comportamientos desleales, según apuntan desde la cuota popular del Gobierno, empezaron muy pronto, en agosto de 2019. Nada más conformarse el Ejecutivo, Cs difundió a través de redes sociales una campaña bajo el título «Equipo Aguado», en la que se marginaba a Ayuso y a los consejeros del PP. Meses más tarde, los de Aguado apoyaron la creación de una comisión de investigación sobre Avalmadrid con la que los grupos de la izquierda buscaron acorralar a la presidenta madrileña.

Aquellos primeros choques no han tenido nada que ver con la tormenta interna en los últimos meses. En Sol ponen fecha ala situación de no retorno: mediados de febrero. Con anuncios sanitarios que Aguado no consensuaba con el consejero Enrique Ruiz Escudero y que, tal y como relatan desde el Gobierno, emborronaban continuamente la estrategia quirúrgica y de éxito del Ejecutivo madrileño ante el covid-19. El punto álgido de las deslealtades de Ciudadanos, según esas fuentes, llegó el 4 de marzo, apenas unos días antes del tsunami murciano, con el anuncio por parte del consejero de Asuntos Sociales, Javier Luengo, de una nueva ley de igualdad que era desconocida por la propia presidenta Diaz Ayuso. «Aquello causó una mezcla de sorpresa e incredulidad por la gravedad del envite a la estabilidad del Gobierno de coalición», destacan en Sol. Ese departamento ya había sido el origen de crisis y malentendidos entre los socios, a cuenta de la gestión de su anterior responsable, Alberto Reyero, de las residencias de mayores.

Entremedias, más reproches: ocultación de datos, anuncios de obras y ampliaciones de Metro sin consultar y reuniones con la oposición sin pactarlas con Ayuso. El cóctel era explosivo y explotó. Pero, según dibujan las encuestas, el resultado será muy desigual para los ex socios.