Juicio por la muerte de un joven autista en una residencia de Madrid

Cuatro trabajadores de una residencia para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid declara este miércoles ante el juez en calidad de investigados por la presunta muerte violenta en mayo de 2020 de un joven autista de 28 años de nacionalidad peruana.

La citación se produce después de que en diciembre de 2020 la Audiencia Provincial de Madrid ordenara investigar los hechos a instancias de un recurso presentado por la familia a través del despacho Ospina Abogados contra la decisión del juez de instancia, el de Instrucción número 45 de Madrid, de archivar el caso.

La directora del centro, que ha sido citada como testigo, entregará al juez las grabaciones de las cámaras de seguridad durante la noche en la que el joven fue hallado en estado muy grave en su habitación.

El vuelco al caso se produjo porque cuando tuvo lugar el archivo “la instructora no disponía aún del informe policial sobre los hechos”, pero en el momento de resolver el previo recurso de reforma, sí”.

El chico, que sufría un 92% de discapacidad intelectual, llevaba nueve años ingresado en esta residencia. La familia recibió el pasado 14 de mayo a las diez de la noche una llamada en la que les dijeron que “el pequeño había sufrido un ataque respiratorio pero que no se preocupasen porque ya estaba en camino al hospital”.

El menor ingresó en el hospital a las 00.00 horas pero ya había perdido la vida. Presentaba hematomas en todo el cuerpo y un fuerte golpe en la cabeza. Desde la residencia les manifestaron que su hijo se autolesionaba.

El mismo día del fallecimiento alguien de la residencia llamó a la madre del menor y le informó que “había sufrido una agresión, habiendo sido golpeado en la cabeza y en el tórax y que por eso había muerto, que tenía que denunciar los hechos para no que no quedara impune el asesinato”.

Hematomas en cabeza y cuello

Según su letrado, la familia se encargó de conseguir todos los partes médicos en los que constaba que el menor tenía hematomas en cabeza y cuello, siendo “la verdadera razón de su muerte una parálisis cerebral”.

La sección de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial fue el órgano encargado de realizar las pesquisas urgentes de investigación, trasladándose a la residencia y tomándole declaración a todo el personal.

Se solicitó entonces las cámaras de videovigilancia sin que las mismas fuesen aportadas correctamente, y consiguiente el historial clínico del menor fallecido.

Tras la práctica de las oportunas pesquisas, la Policía remitió su atestado al juzgado de instrucción, donde prestó declaración al personal sanitario de la residencia. Los facultativos manifestaron que el menor se golpeaba solo y que por eso tenía hematomas, pero que ninguno de ellos manifestó tener conocimiento sobre hechos delictivos.

Pese a que la madre negara que su hijo se golpease y que la Policía hubiese intuido que el fallecimiento pudo haber sido provocado por alguno o algunos de los cuidadores del menor, el juzgado de instrucción decidió archivar el caso por entender que no había autor conocido y que los indicios de criminalidad no eran suficientes para continuar la investigación.

La Audiencia estimó el recurso de la familia y ordenó al juez instructor continuar con la investigación del caso para el esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, para hacerse de las videograbaciones del interior de la residencia y conocer quién fue el último facultativo que entró en la habitación del fallecido.