La escuela concertada cruza los dedos de cara a las elecciones del 4-M. Y lo hace pensando en que un posible cambio de Gobierno en el que la izquierda sumara para ocupar la Puerta del Sol pudiera dejar mal parada a la escuela subvencionada en la que estudian uno de cada tres niños en Madrid.

«Si hay un cambio de gobierno, lo vamos a pasar mal», asegura José Antonio Poveda, secretario general de Escuelas Católicas de Madrid. El responsable de la patronal de la escuela concertada teme que «la izquierda entre a gobernar con el cuchillo entre los dientes contra la concertada» y con la «ley Celaá» en la mano. Y es que esta ley erige a la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo en España y elimina la «demanda social» de los padres de este tipo de colegios como un elemento a tener en cuenta por la Administración educativa a la hora de programar cuántas plazas escolares debe haber.

«Los afectados iban a ser las familias porque nos tememos que una de las primeras medidas sería eliminar unidades en la etapa de tres años y, aunque quisieran llevar a sus hijos a un determinado centro, se van a encontrar con que no hay plazas», lamenta el responsable de Escuelas Católicas.

Por eso piensa que el resultado del 4-M dará respuesta a una pregunta que ahora está en el aire y que depende del Gobierno que salga de las urnas: «¿Tiene derecho a vivir la concertada?».

La situación no sería tan inquietante, según dice, si no hubieran vivido en otras autonomías un avance de lo que podría ocurrir en Madrid. Y lo dicen atendiendo al caso de La Rioja, Valencia, Aragón y Cataluña, donde asegura que se ha visto ya una supresión de aulas de la escuela concertada, que «se ha convertido en subsidiaria de la pública».

En La Rioja denunció que en los primeros meses del gobierno de Podemos-PSOE, se empezó por limitar el transporte público desde distintas localidades a niños que iban a colegios concertados, se eliminó el «cheque bachillerato» que subvenciona parcialmente los estudios en estos centros y solo en Logroño se redujo en un 25% la oferta de plazas concertadas en Infantil. En Cataluña, ya hay un decreto ley para convertir colegios privados y concertados en públicos. La medida facilita el traspaso de titularidad del centro si el dueño del colegio lo pide y la Administración educativa necesita plazas públicas para atender la demanda de escolarización. Ya hay colegios de monjas que están andando este camino.

La escuela concertada cree que la Lomloe o «Ley Celaá», como se conoce popularmente, se ha elaborado como una reacción contra la Lomce del ex ministro Wert y en base a las políticas educativas de Madrid. Y aunque el candidato socialista, Ángel Gabilondo, no es partidario de acabar con la concertada, el programa de Unidas Podemos, el partido al que el líder socialista le ha pedido apoyo, habla abiertamente de suprimir conciertos. Además, la «Ley Celaá», con su ambigua redacción (con el objetivo de poder librarse de un revolcón en los tribunales por inconstitucional) permitiría a la izquierda, si quisiera, aplicar la nueva ley educativa en su estado más puro.

Poveda cree que se podría revertir la idea de «distrito único» en el acceso a la escolarización, dando mayor preponderancia a la proximidad del domicilio. «Este es un esquema segregador, porque si limitas la movilidad, encasillas a la gente en su zona y eso sí que es formar guetos», subraya. Además, los colegios en los que estudian niños y niñas en aulas separadas también perderían los conciertos, una opción que ampara la Lomloe.

CECE, patronal de la escuela privada y concertada, no ha ocultado también su preocupación por un cambio de signo político a partir del 4-M. «Un gran número de familias que acuden a la concertada se confiesan también de izquierdas y estarán preocupadas por determinadas afirmaciones de algunos partidos políticos sobre el modelo educativo que han elegido para sus hijos. También a nosotros nos preocupan las presiones de sectores más radicales que pretenden acabar con la pluralidad educativa porque la experiencia con la Lomloe no fue buena», asegura Juan Chávarri, secretario general de CECE Madrid.

De momento, confía en que Gabilondo ha prometido no cerrar la concertada. «Si gobiernan, dependerá de ellos. Y en todo caso, nosotros siempre estaremos defendiendo la pluralidad, la complementariedad de las redes (pública - concertada) y la libertad educativa», asegura el responsable de la patronal educativa.