Los proyectos participativos de Carmena que eran imposibles de hacer en Madrid

El actual Consistorio se ha encontrado con más de 1.200 propuestas de vecinos aprobadas entre 2016 y 2019. El 82% no se han materializado por ser inviables. Algunas de las aprobadas eran irrealizables

José Luís Martínez Almeida, junto a su antecesora en el cargo Manuela Carmena
José Luís Martínez Almeida, junto a su antecesora en el cargo Manuela Carmena FOTO: David Fernández EFE

Presupuestos participativos. Sobre el papel, un concepto muy convincente: una partida fija anual para poner en pie los proyectos que los vecinos elijan. Pero también sobre el papel, en muchos casos suponían auténticos brindis al sol, irrealizables desde cualquier punto de vista. La corporación municipal de Ahora Madrid, con Manuela Carmena al frente, implantó una fórmula por la cual, aseguraba, «la democracia se fortalecía». Sin embargo, dos años después de su mandato, el balance solo puede ser tildado de pobre: el porcentaje de proyectos sin ejecutar fue del 82 %. De 1.214 propuestas aprobadas, 998 se quedaron en un cajón y solo se finalizaron 191.

Ante este panorama, y una vez que la coalición PP-Cs ha tomado el Palacio de Cibeles, el Área de Coordinación, Transparencia y Participación Ciudadana, con Silvia Saavedra al frente, ha reestructurado la fórmula con una máxima: las propuestas aprobadas deben ser viables. Para ello, se destinarán 50 millones de euros para el periodo 2023-2024: 15 millones –un 30%– irán para aquellos «proyectos que redunden en la mejora de la ciudad en su conjunto». El resto, el 70% (35 millones)serán destinados a «proyectos que beneficien a los distritos».

«Truco» presupuestario

Desde la oposición se puso el grito en el cielo: mientras Carmena dedicó una inversión de cien millones anuales, el Ayuntamiento de Martínez-Almeida «solo» dedicará 50 millones en dos años. Ahora bien: el actual Consistorio apunta a que en estas comparaciones hay «truco». Desde Participación Ciudadana explican que el actual presupuesto es «acorde a lo ejecutado» también por parte del anterior equipo de Gobierno. De hecho, sostienen que ese importe de 50 millones de euros es «superior» al total invertido por el Gobierno de Carmena. «Tanto el importe como el nuevo procedimiento es más ordenado, eficaz y realista, con una visión a medio y largo plazo (antes no se contemplaba esta opción) y que contribuye a una mejor planificación, ejecución y seguimiento de los proyectos», explican desde el Área de Silvia Saavedra.

Porque, al final, el anterior Gobierno «permitió que se admitieran y votaran proyectos que, desde su origen eran inviables». No por cuestiones ideológicas o de voluntad o falta de ella, sino porque «unos eran proyectos que incurrían en inviabilidades técnicas y/o de seguridad»; otros porque eran propuestas «que se referían a cuestiones que no eran competencia del Ayuntamiento»; y también había proyectos «para los cuales ya existían actuaciones similares que daban cobertura a la necesidad».

De hecho, el actual Consistorio realizó un pormenorizado análisis sobre los proyectos participativos aprobados en anteriores ediciones. En agosto del año pasado, se acordó el inicio del expediente para la declaración de inviabilidad de 232 proyectos pertenecientes a las convocatorias de 2016, 2017, 2018 y 2019. Del total, 217 resultaron inviables: un 33% por inviabilidad técnica y/o de seguridad; un 22% fueron desechados porque ya existía una actuación similar que daba cobertura a la necesidad; un 13% no dependía en exclusiva del Ayuntamiento de Madrid, o bien no era «razonablemente seguro que se pudieran ejecutar correctamente por implicar trámites previos de resultado incierto»; y un 11,5% afectaba a contratos actualmente en vigor.

El Premio al Barrio más Guarro, orinales caninos...

Un concurso en el que se premie «al Barrio más Guarro» de la capital. La competición consistiría en ir aportando puntos a aquellos barrios ya «nominados» a optar a «tan despreciado premio». Cada barrio iría ganando puntos a través de los videos y fotos de la suciedad y/o desperdicios que aportaran los ciudadanos. Los nominados irían ganando «estrellas» y se establecerían distintas categorías. Este fue uno de los proyectos votados en los presupuestos participativos, concretamente en 2017, y dotado por tanto con 30.000 euros para su ejecución. «Su propio nombre advierte la improcedencia y el sinsentido de este proyecto que busca la estigmatización», aseguró en su día el actual Ayuntamiento. Por tanto, se consideró que incurría en una «inviabilidad técnica y/o de seguridad». Y, por tanto, fue desestimado.

Se trata de uno de los ejemplos más pintorescos que dejaron los presupuestos participativos y que, por mucho que se aprobaran, resultaba materialmente imposible que vieran la luz. Desde el Consistorio explican que ejemplos como este suponen «excepciones». En la mayoría de los casos, las propuestas sometidas a votación eran cabales. Tal fue el caso de la petición para colocar paneles informativos en distintas zonas del distrito de Villaverde. Sin embargo, en ese caso, el proyecto ya era objeto de un contrato en vigor.

Después, también había aprobadas propuestas muy bien intencionadas pero que suponían una clara «incompetencia municipal». Por ejemplo, la que pedía «adecentar los alrededores de la Estación de Chamartín». Sin embargo, se trata de un área que depende de Metro y de la Consejería de Transportes.

En todo caso, en esa lista de «desechables» se encuentran proyectos cuanto menos chocantes. En 2019 se votó a favor de crear una serie de orinales para perros conectados a la red de alcantarillado de la ciudad. «El material debería facilitar a los perros su uso y el diseño de los inodoros, mimetizados con su entorno. Deberían estar situados estratégicamente, especialmente en calles muy maltratadas por los orines», afirmaba el autor de la propuesta, motivada por «la suciedad y el mal olor, que en muchas zonas de la ciudad es insostenible». En este caso, el Ayuntamiento actual rechazó la idea –presupuestada en 18.000 euros–, amparándose en que «incluye equipamientos o elementos que no están homologados».

Hace cuatro años también salió adelante el proyecto de «pintar los pasos de cebra» de otros colores disintos al blanco, lo que resultaba una «clara improcedencia por vulnerar normas de tráfico».

Después, en 2019, se planteó la construcción de un «carril bici al hipódromo». La idea era la creación de «un carril que fuera por el lado derecho de la A-6, en dirección a Coruña, al lado de la valla del Hipódromo». De ese modo, sustituiría a una senda «que provoca accidentes entre los ciclistas». «El carril se puede prolongar por el arcén de la misma carretera para dar paso a los ciclistas del barrio de Aravaca», añadía el autor de la idea. Por supuesto, el Ayuntamiento tuvo que declarar su «incompetencia» al respecto, debido a que la A-6 es un espacio que no es de titularidad municipal. En este caso, la idea estaba presupuestada con 9.000 euros.

300 aprobaciones al año

La primera vez que se establecieron los presupuestos participativos en el Ayuntamiento fue en 2016. Entonces, se recibieron una media de 4.000 propuestas de proyectos por convocatoria. Y cada año, se aprobaron una media de 300, destinando el Ayuntamiento «una parte de sus Presupuestos Generales a su ejecución», con cargo al ejercicio siguiente.

La experiencia acumulada, tras cuatro convocatorias, puso de manifiesto «grandes disfunciones», según el Ayuntamiento. Entre ellas, un «desfase entre la aprobación de los proyectos y su materialización». Así, existe un gran número de propuestas ciudadanas que, por su magnitud o complejidad, «han tenido que ejecutarse en varias anualidades», lo que ha provocado la «acumulación de proyectos», con el consiguiente «colapso de los centros gestores».

Seguridad jurídica

De ahí que el Ayuntamiento actual haya implantado procesos que «den cabida» a proyectos de relevancia con perspectivas de ejecución más realistas a dos años vista, con una convocatoria bienal. De este modo, «se permite una mejor planificación, además de que se podrá «presupuestar con mayor antelación», pudiéndose ejecutar el proyecto en dos ejercicios «en el caso de mayor complejidad».

Además, en la convocatoria recientemente anunciada se ha introducido una «mayor seguridad jurídica», así como mayor «transparencia en el proceso, regulándolo de forma más detallada y garantista con la ciudadanía, incluyendo, por ejemplo, una fase de alegaciones tras el informe de viabilidad o inviabilidad de los proyectos». Y es que, en las convocatorias previas, si no se obtenía un informe técnico favorable, el proyecto se incluía en la fase de votación sin tener la certeza de que el mismo pudiera materializarse.

De los 1.214 proyectos aprobados durante las cuatro convocatorias anteriores, quedan pendientes de ejecutar 500 proyectos, es decir, un 41% de los proyectos. A esos hay que sumar los 998 sin acabar de 2019 por lo que solo se han materializado en torno al 18%. «El importe que se destine a estos proyectos debe ser realista, para no generar las falsas expectativas que han sufrido los ciudadanos. Al final, no pueden ver terminados sus proyectos y estos se quedan olvidados en un cajón», concluyen desde el Ayuntamiento cogobernado por PP y Cs.