A la espera del cambio de nombre de las calles Largo Caballero e Indalecio Prieto en Madrid

La segunda resolución del TSJ (Tribunal Superior de Justicia) de Madrid contra las Calles Largo Caballero e Indalecio Prieto en la capital de España supone un nuevo varapalo para el PSOE por parte de la Justicia.

En fecha reciente –el pasado día 6-, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid nº 1, mediante diligencia de ordenación, acusó recibo de la sentencia del TSJ de Madrid que avala la retirada de las placas en Madrid de los históricos dirigentes del PSOE, al objeto de que “se lleve a puro y debido efecto lo en ella acordado, adoptándose las resoluciones procedentes para el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo”.

En este caso, la parte recurrente era el PSOE, mientras que en el caso de la primera sentencia de la Justicia contra Largo Caballero e Indalecio Prieto fue en el procedimiento judicial abierto a instancias del sindicato socialista UGT.

Esta segunda sentencia avala el auto judicial de primera instancia, que es muy claro al respecto: “Se desestima la medida cautelar en cuanto a la petición de que se ordene al Ayuntamiento de Madrid cautelarmente que las calles Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto no cambien su nombre en aplicación del referido acuerdo”.

Es importante resaltar que es esta la segunda sentencia judicial que da luz verde al Ayuntamiento de Madrid a retirar las mencionadas placas y hay, además, una condena en costas al PSOE.

De esta forma, el propio PSOE no ha salido indemne de la Ley de la Memoria Histórica que el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero promovió durante su primer mandato en 2007, y en la que los históricos dirigentes socialistas están en el punto de mira de la norma “por sus comportamientos atentatorios contra los Derechos Humanos fijados internacionalmente”, entre otros, durante la Guerra Civil española, denuncia en un comunicado la Asociación de Memoria Histórica Raíces.

La entidad, que está personada en ambas causas, la promovida por el PSOE y por la UGT, “emplaza al Ayuntamiento de Madrid a cumplir ambas resoluciones judiciales firmes de forma inmediata, al objeto de que se retiren las placas de ambos dirigentes porque fueron, según reputados historiadores, unos criminales que promovieron la revolución soviética en España durante la Guerra Civil”, que “costó asesinatos, encarcelamientos y violaciones a miles de españoles inocentes”.

Desde Raíces creen “evidente que el PSOE debe rendir cuentas al pueblo español de su pasado más criminal desde el punto de vista de la Memoria Histórica”, al objeto de que “se respeten los principios internacionalmente asumidos bajo mandato de la ONU” de “Verdad, Reparación y No Repetición” de los hechos sucedidos durante el enfrentamiento civil.