Crisis en Móstoles: imputado todo el Gobierno socialista por perdonar tasas a empresas

El Gobierno municipal de Móstoles vive una crisis institucional sin precedentes después de que todo el Ejecutivo local haya sido citado a declarar ante el juzgado por el caso de la presunta “amnistía fiscal” a una ITV a la que no se cobró impuestos. Primero fue citado a declarar el ex tesorero municipal y el ex concejal de Hacienda; el pasado 18 de noviembre fue el turno de la alcaldesa socialista de la localidad, Noelia Posse, quien acudió al juzgado de Instrucción número uno de Móstoles, y solo diez días después, la jueza María Pinto Andrés, ha dictado una providencia por la que llama a declarar al equipo municipal al completo en dos tandas. El 16 de febrero están citados, en calidad de investigados, David Muñoz Blanco (el teniente de alcalde y secretario de Organización del Partido), Rebeca Prieto (Concejala de Empleo y miembro de la ejecutiva local del PSOE), Alejandro Martín (secretario general del PSOE de Móstoles y concejal de Cultura y Seguridad Ciudadana) y María Luisa Ruiz, (concejala de Urbanismo y miembro de la ejecutiva local del PSOE).

El 28 de ese mismo mes tendrán que acudir Dolores Triviño (concejala de Igualdad y miembro de la ejecutiva local del PSOE), Beatriz Benavides (ex concejala de Urbanismo, Patrimonio e Igualdad y miembro de la Ejecutiva local), Natividad Gómez (concejala de Educación de Podemos, partido socio de Gobierno) además del representante legal de ITV Móstoles, la empresa supuestamente beneficiada por el Ayuntamiento.

La citación tiene que ver con la querella criminal presentada por los portavoces del Grupo Municipal Más Madrid en el Ayuntamiento, Gabriel Ortega y Susana García contra el Gobierno municipal en mayo pasado por un presunto delito de malversación y prevaricación por haber procedido, supuestamente, a perdonar la deuda pública a la empresa privada ITV Móstoles S. L por valor de 2.455.725,39 euros, según figura en la denuncia presentada por el grupo municipal.

Según la denuncia, el Ayuntamiento perdonó supuestamente la deuda pública derivada de las tasas que supone la utilización de suelo público para que la empresa desarrolle su actividad.

Más Madrid cree que la alcaldesa y su equipo de Gobierno debe rendir cuentas ante la Justicia «al haber causado un perjuicio en el patrimonio del Ayuntamiento de Móstoles en el ejercicio de su cargo».

En la querella, Más Madrid expone que la decisión de no cobrar la deuda responde al «mero capricho de la sociedad y de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, así como del tesorero (...)» que atendieron «al interés de la empresa privada (...) La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no la condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada y la reducción del canon para los próximos veinte años».

Además, en la querella se puntualiza que la decisión se tomó «eludiendo informes» al incluir el asunto en el orden del día de la Junta de Gobierno por la vía urgente «a sabiendas de que los informes previos expresaban una frontal oposición de los altos funcionarios jurídico y económico (secretario e interventor) por el gravísimo perjuicio a las arcas públicas y la total falta de fundamento”.

El antiguo interventor municipal ya advirtió al Ayuntamiento de lo improcedente de la operación hasta el punto de ponerlo en conocimiento del Tribunal de Cuentas, que abrió una investigación sobre los presuntos «tratos de favor» de Posse a empresas privadas como ITV de Móstoles en lo que se ha considerado como una «amnistía fiscal». Sobre este empresa en particular el propio interventor ya denunció que entre 2013 y 2018 acumuló una deuda con el Consistorio que se eleva a 1.026.232,51 euros. El interventor fue cesado en su puesto poco después.