Gabilondo pide a Ayuso información de las menores explotadas sexualmente en Madrid

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una actuación de oficio ante la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid solicitando información acerca de la situación de las diez menores liberadas ayer en el marco de una operación policial contra la explotación de menores con fines sexuales y de tráfico de drogas en la Comunidad de Madrid.

Tal y como han informado desde el equipo de Gabilondo, y haciéndose eco de algunas “informaciones publicadas por diferentes medios de comunicación”, aseguran varias de estas menores se encuentran o han estado acogidas en centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid. La Institución quiere verificar esta información y conocer los protocolos específicos para la detección precoz de casos de abuso, explotación o trata de menores que se aplican en los centros de protección madrileños. Además, se ha interesado por las actuaciones y medidas previstas para mejorar la atención a menores susceptibles de explotación, tanto en los centros o pisos residenciales como fuera de los mismos.

Ángel Gabilondo recuerda que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia recoge expresamente la obligación de las administraciones de protección a la infancia de contar con protocolos de prevención, detección precoz e intervención ante posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos cuando las víctimas son menores sujetas a medidas protectoras y que residan en centros de su responsabilidad.

El caso de Baleares

No es la primera vez que la Institución inicia actuaciones de oficio tras tener conocimiento de hechos de esta naturaleza en alguna otra comunidad autónoma, como, por ejemplo, Islas Baleares. El Defensor considera oportuno hacer seguimiento de las medidas preventivas y de detección e intervención precoz diseñadas por la Administración para evitar y hacer frente a casos de explotación sexual de menores que se encuentran al amparo de medidas de protección.

Además, el Defensor del Pueblo va a iniciar también acciones dirigidas a la Dirección General de la Policía para interesarse por el alcance de la investigación iniciada y de las medidas adoptadas para garantizar la integridad y la seguridad de las menores víctimas y sus familias.