La alcaldesa socialista de Alcorcón, condenada a cinco años de inhabilitación

El juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha declarado culpable a la actual alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, y al ex regidor Enrique Cascallana de la quiebra de la empresa municipal de gestión inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa), y los ha inhabilitado para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada por un período de cinco años en el caso de la primera, y de 10 en el caso del segundo (retirado de la vida política) y los condena a la devolución de los bienes o derechos que se hubieran obtenido indebidamente y a responder con su propio patrimonio de manera mancomunada entre los nueve condenados hasta cubrir el cien por cien del déficit concursal contable.

Actual alcaldesa tendría que responder por el 15% del déficit de la liquidación de la empresa y Enrique Cascallana con el 25%, aunque está por determinar de qué cantidades estamos hablando ya que la empresa municipal se encuentra en proceso de liquidación. No obstante, contra esta sentencia cabría recurso de apelación y el Ayuntamiento de Alcorcón ya ha anunciado que recurrirá.

El juez entiende que uno de los motivos de insolvencia fue destinar los beneficios de la empresa pública a la construcción del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA), un proyecto faraónico inacabado y abandonado del ex alcalde socialista Enrique Cascallana en una de las zonas más emblemáticas del municipio, en la Avenida de Los Castillos. “Suponía la voluntaria asunción por la concesionaria de un conjunto de derechos y obligaciones claramente perjudiciales para su patrimonio, dirigido a vaciar sus beneficios de explotación presentes y futuros para un concreto fin sin retorno por la brutal inversión”, expone la sentencia.

Sin plan de negocio

Emgiasa aceptó la construcción de la obra mastodóntica del CREAA con un presupuestos de 104 millones de euros pero “no existía ningún plan de negocio para recuperar la inversión, ni un examen de viabilidad económica y financiera de la actividad empresarial a desarrollar durante el plazo concesional de 50 años para así recuperar el capital invertido y exigible beneficio empresarial”, añade.

Es decir, aunque la empresa municipal obtuvo beneficios de al menos 45 millones en tres años, desde 2009 a 2011, se repartieron dividendos anuales cercanos a los 15 millones a favor del Ayuntamiento. Solo en 2009 ese año se destinaron 33 millones a la obra mastodóntica que el ex alcalde Cascallana quiso que estuviera acabada justo antes de las elecciones, pero el acumulado a finales de 2011 era ya de 99 millones de euros.

El problema que ve el juez es que “se destinó el beneficio empresarial por actividades a corto plazo para realizar una inversión a muy largo plazo sin plan de negocio ni estudio financiero separado y sin plan para recuperar dicha inversión durante los 50 años de la concesión”. A esta circunstancia se añade que se utilizó la financiación obtenida para la actividad promocional de viviendas, anexos, locales y garajes, que era a lo que se dedicaba Emgiasa, para “financiar obra pública a larguísimo plazo”.

Reparto de dividendos

Otro de los motivos de la quiebra que observa el juez es que Emgiasa repartió dividendos al Ayuntamiento para pagar sus gastos superfluos, cuando no debía haberlo hecho ya que no incluyó determinados conceptos en su contabilidad, como las expropiaciones que hizo en el Ensanche Sur para construir viviendas. Los administradores concursales fueron los que denunciaron este hecho ante el juez.

Nada más llegar al poder el PP, con David Pérez como alcalde, éste comunicó al juez la insolvencia de Emgiasa al no poder pagar a los acreedores. Un juez determinó en 2012 que la empresa municipal entraba en concurso de acreedores y a día de hoy se encuentra en proceso de liquidación.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón, Ana Gómez, cree que con esta sentencia “Natalia de Andrés no puede continuar como alcaldesa. Debería dimitir automáticamente”.

En la misma línea, la secretaria general del PP en Madrid, Ana Camins, ha exigido la inmediata dimisión de la regidora. “Es una vergüenza que con esta sentencia continúe al frente del Ayuntamiento de Alcorcón, no puede seguir ni un minuto más gestionando un municipio de más de 170.000 habitantes”. Es por esto por lo que ha pedido explicaciones “urgentes” al secretario general de los socialistas, Juan Lobato. “No puede seguir guardando silencio ante una sentencia de este calibre a la que se suman los escándalos en varios municipios del sur de Madrid”.