El PSOE enfría el caso de las alcaldesas del sur de Madrid

La deriva judicial que está tomando la gestión de las alcaldesas socialistas de Alcorcón y Móstoles, Natalia de Andrés y Noelia Posse, no hace más que enturbiar la carrera política y comprometer la futura campaña a las elecciones de 2023 del secretario general de los socialistas, Juan Lobato. De ahí que éste trate de enfriar al máximo asuntos que, de acabar mal en los tribunales, supondrían un duro golpe para el partido de cara a la próxima contienda electoral.

En el caso de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, investigada, junto a toda su Junta de Gobierno, por perdonar supuestamente tasas a una ITV por valor de 2,5 millones de euros tras una denuncia de Más Madrid, el caso no se ha llevado aún al Comité de Ética. Y eso que en diciembre pasado la secretaria general del PSOE-M, Marta Bernardo, dio un plazo de 24 horas para que el Ejecutivo local diera cuentas al partido sobre la situación procesal en la que se encontraba cada uno de ellos después de ser llamados a declarar. «Haremos valoraciones y aplicaremos nuestro código ético milimétricamente y de forma contundente», dijo entonces de forma tajante.

Las explicaciones se pidieron, pero, ahí ha quedado toda la investigación interna. Ayer, desde el PSOE aseguraban que el asunto pasará al Comité de Ética y Garantías del partido, «pero solo cuando haya sentencia firme y ejecutiva», aseguraron. Sin embargo, el Código Ético del PSOE no exige esperar a que haya una sentencia para que el caso sea examinado por el Comité de Ética del partido. «Toda persona que ostente cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE, en el caso de que resulte imputado por una resolución judicial, dará cuenta de las concretas acusaciones o delitos que se le imputan ante la Comisión Ejecutiva Federal, que trasladará esta información a la Comisión Federal de Ética y Garantías y, en su caso, a la Comisión de Garantías de Igualdad, a fin de que estos órganos puedan adoptar o recomendar la adopción al órgano competente de las medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y su gravedad», expone el punto 5.3 sobre actuación en caso de implicación en procedimientos judiciales.

De momento, la Junta de Gobierno de Móstoles ha sido llamada a declarar por la jueza, pero el código ético del PSOE también contempla la suspensión cautelar de militancia a aquellos miembros del partido a los que se abra juicio oral. De darse esta circunstancia, ninguno de los miembros del equipo de Posse, que forman parte de la Ejecutiva local del partido, podrían continuar en el cargo.

En el caso de la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, el PSOE tampoco tomará cartas en el asunto de forma inmediata. Y eso que el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid declaró culpable hace unos días a la actual alcaldesa y al ex regidor Enrique Cascallana de la quiebra de la empresa municipal de gestión inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa). Los inhabilitaba para administrar bienes ajenos de titularidad pública o privada por un período de cinco años en el caso de la primera, y de 10 en el caso del segundo (retirado de la vida política) y los condenaba a la devolución de los bienes o derechos que se hubieran obtenido indebidamente y a responder con su propio patrimonio de manera mancomunada entre los nueve condenados hasta cubrir el cien por cien del déficit concursal contable. La alcaldesa de la localidad del sur ya ha dicho que recurrirá la sentencia.

Así las cosas, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, explicó ayer que «solo si la sentencia es ejecutiva y firme exigiría que ese alcalde asumiera responsabilidades en política (...) Somos contundentes con las normas, que dicen que los casos de corrupción y penales el día que se abre juicio oral la expulsión es inmediata», dijo.

De momento, Lobato ya ha dicho que respetará a la alcaldesa de Alcorcón que, «al igual que el resto de españoles, tiene su derecho a apelar y la sentencia no es ni ejecutiva ni firme». En este caso también los socialistas solo tomarán cartas en el asunto cuando se haya agotado el procedimiento.