Madrid hará públicas las notas de la Evau por centros

La Asamblea de Madrid aprobó ayer la Ley Maestra de Libertad Educativa, otra de las normas emblemáticas del Gobierno de Díaz Ayuso, ya que viene a ser la contrarreforma que hace Madrid a la «ley Celaá».

La norma, que contó con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo de los grupos de la izquierda, ha incorporado durante su tramitación a su paso por la Asamblea varias iniciativas de los de Rocío Monasterio que da más participación a las familias. De esta manera, se reconoce el derecho de los padres a ser informados sobre los contenidos curriculares de las materias, así como los contenidos y procedimientos de las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios que se impartan.

La reforma también obliga a los centros a publicar en su página web e incluir en el sobre de matrícula, al menos, las siguientes informaciones antes del periodo de petición de plaza con la idea de que los padres puedan elegir libremente: Oferta educativa disponible, ideario del mismo, listado y precio de todas las actividades complementarlas, las extraescolares que se hayan llevado a cabo en el centro el curso anterior y las que estén previstas para el nuevo curso.

Con las últimas modificaciones introducidas, será obligatorio hacer públicos los resultados individualizados por cada centro de todas las pruebas generales en la que participen los alumnos. Así, se conocerán los resultados de las pruebas de acceso a la Universidad, pruebas externas de carácter nacional e internacional (PISA), así como las de evaluación de la Comunidad de Madrid.

Se incluirán, en la parte del currículo que es competencia de la Comunidad de Madrid, los contenidos sobre los derechos fundamentales y los valores consagrados por la Constitución Española, al menos en dos años por etapa, en las asignaturas de Ciencias Sociales en Primaria y de Geografía e Historia en Secundaria o sus asignaturas troncales o equivalentes. La última enmienda de Vox introducida en la ley implica que se garantice el conocimiento de los alumnos madrileños de las grandes personalidades, efemérides y logros de la nación española a lo largo de la Historia universal y los que nos une e identifica como españoles.

El PP, entre otras enmiendas, ha introducido la posibilidad de que si un centro educativo con concierto perdiera dicha condición en un plazo igual o inferior a cuatro meses antes del inicio del curso escolar, como consecuencia de la finalización sobrevenida de los efectos de cualquier instrumento jurídico, la administración educativa hará frente a los gastos ese curso. La norma, que afectará a 1,2 millones de alumnos introduce además otros aspectos:

Defensa del castellano

La norma autonómica garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de la educación, después de que estos términos se hayan suprimido por la ley estatal, que da amparo legal a que en Cataluña la práctica totalidad de las clases se impartan en la lengua autonómica. Ayuso prevé incluso promover este derecho suscribiendo convenios con otras comunidades autónomas e instituciones públicas y privadas para la difusión de la lengua oficial. «La Comunidad de Madrid promoverá, dentro del ejercicio de sus competencias este derecho mediante cualesquiera instrumento de colaboración y coordinación con otras comunidades autónomas e instituciones públicas y privadas», expone el anteproyecto.

Concertada

La norma pretende garantizar la existencia de plazas suficientes en las enseñanzas declaradas como obligatorias y gratuitas en los centros concertados y tendrá en cuenta la demanda social, un concepto que ha sido suprimido de la Lomloe y que Madrid lo incluye en su norma autonómica porque entiende que la ley estatal. La Comunidad podrá convocar concursos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público, al entender que esto también queda eliminado de la Ley Celaá.

Además, Ayuso ya decidió ampliar por decreto la duración seis a diez años de los conciertos educativos.

Educación especial

La futura ley deja en manos de las familias con hijos con necesidades especiales que elijan entre las diferentes modalidades de escolarización existentes: en centro ordinario, aulas específicas de educación especial en centros ordinarios, centros de educación especial o educación combinada (el alumno se matricula en ordinario y especial y acude a uno u otro en función de los días). Aunque esta escolarización se revisará de forma continua «para que en cada momento se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno».

El Gobierno de Díaz Ayuso entiende que, de esta manera, se garantiza en la región la continuidad de los centros de educación especial, frente a la Ley Celaá que «de manera soterrada» pretende llevar a los alumnos de la especial a los ordinarios, lo que abocaría a los primeros a su desaparición, según se ha denunciado. Se pone especial énfasis en cuidar de este modelo educativo garantizando que la Administración educativa «dote de los recursos humanos y materiales necesarios y se impulse la formación del profesorado junto con la investigación e innovación.