El gobierno regional ultima el proyecto de derribo del edificio afectado por la línea 7B de Metro

David Pérez, Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ha anunciado este jueves ante la Asamblea de Madrid que el Gobierno Regional está ultimando el proyecto de derribo del edificio afectado por la línea 7B de Metro, declarado actualmente en ruinas por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

El Consejero ha reiterado, al igual que lo hizo Isabel Díaz Ayuso mediante el envío de cartas a los afectados, el compromiso por parte del gobierno para atajar esta problemática de manera transversal, y ha compartido los últimos pasos que se están dando en esa dirección desde su consejería, todos ellos en coordinación con las plataformas de afectados.

Pasos a seguir

Así, Pérez ha notificado que se llevará a cabo un contrato de asistencia técnica para diagnosis, estabilidad estructural y seguimiento geotécnico para seguir inspeccionando los edificios de la zona. Esto contempla el proyecto de demolición del edificio declarado en ruinas por el Consistorio sanfernandino.

Así, se espera que el propio Ayuntamiento resuelva las condiciones que exige la entrega del solar tras las alegaciones presentadas al Decreto de Alcaldía que planteaba indistintamente las opciones de habilitación, demolición y reconstrucción de manera desordenada.

Una vez se tenga la autorización por parte del Consistorio para el inicio de demolición, la CAM comenzará con el expediente de responsabilidad patrimonial por los daños causados. En paralelo, se estarían intensificando las inspecciones en todas las viviendas afectadas.

Pérez recordó que la zona afectada lleva desde 2008 motorizada, algo que ha evitado que se den perjuicios humanos en dicho territorio, comprendido en el tramo Coslada - San Fernando de Henares de la línea 7B. Pese a ello, los movimientos del terreno, más intensos durante los últimos meses, obligan a modernizar los métodos de control que consisten en la auscultación, dimensionar el caudal de agua circulante, controlar el movimiento de las edificaciones y redactar informes y proyectos.

En respuesta a este problema y solo para este año, se destinará una partida presupuestaria cercana a los 7,8 millones de euros para llevar a cabo cualquier tipo de actuación que sea necesaria, tal y como ha asegurado el político. Además, se realizará un contrato de asistencia técnica para diagnosis, estabilidad estructural y seguimiento geotécnico con un alcance global para seguir inspeccionando los edificios, la auscultación, supervisión geotécnica e hidrogeológica superficial y subterránea, así como de la red ferroviaria; todo ello sumado a la redacción de informes y propuesta de actuaciones en cada caso.