El contrato que investiga Génova en su guerra con Ayuso superó dos filtros sin visos de irregularidad

El contrato que está en el centro de la guerra entre la dirección nacional del Partido Popular y la presidenta Díaz Ayuso se firmó el 1 de abril de 2020. En el peor momento de la pandemia para las administraciones a la hora de hacerse con material sanitario. El propio decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para declarar el estado de alarma facultó a los ministerios, pero también a los gobiernos autonómicos y locales a tramitar contratos por procedimientos de urgencia. En ese contexto se firmaron todos los contratos de compra de mascarillas, respiradores y demás material con el que hacer frente a la primera ola de la pandemia. Y es en este escenario en el que se concretó la adjudicación por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid en la que, supuestamente, el hermano de la presidenta pudo haber cobrado honorarios en su condición de comercial.

Desde el Gobierno regional madrileño –lo hizo la propia presidenta en su comparecencia ante los medios– subrayaron la completa legalidad de este contrato. Se trata de un procedimiento por el que se adquirieron mascarillas FPP2-3 para el pabellón 10 de Ifema, convertido en aquel momento en un hospital de emergencias para el tratamiento de pacientes covid.

La empresa adjudicataria fue Priviet Sportive S.L. y el importe del pedido –250.000 mascarillas por un precio de cinco euros la unidad– ascendió hasta los 1.250.000 euros. Con el IVA, el importe total del contrato para las arcas públicas fue de 1.512.500 euros.

Son varios los argumentos que se ponen encima de la mesa desde Sol para avalar la legalidad de esta contratación, que está al acceso de cualquier persona en el portal de contratos públicos de la Comunidad de Madrid. El expediente superó dos filtros sin que en ninguno de estos dos momentos de su tramitación se advirtiera ningún reproche sobre su legalidad. La primera de estas fiscalizaciones tuvo lugar en la intervención regional. A ello se sumó la dación de cuentas al Consejo de Gobierno por parte de la Consejería de Sanidad. Este hecho se produjo un mes y medio después de la adjudicación, en concreto, el 20 de mayo de 2020. La presidenta Ayuso, en su comparecencia de ayer ante los medios de comunicación, insistió en estos dos elementos para probar la legalidad de la adjudicación e instó a la dirección de su propio partido a demostrar que ella influyó en la decisión tomada por la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria para adjudicar este contrato de emergencia.

Dos documentos de Sol

Desde el Gobierno de Ayuso publicaron ayer dos documentos que avalan esta misma tesis. El primero de ellos contiene la firma del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, fechado el 20 de mayo de 2020. Se trata de un informe por el cual se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de urgencia, de la contratación de los suministros correspondientes a la adquisición de equipos de protección individual (EPIS) y material sanitario para el hospital de campaña abierto entonces en Ifema. En él se puede comprobar el contrato firmado con la empresa Priviet Sportive por valor de 1.512.500 millones de euros, así como con otras compañías que suman un total de 4,2 millones de euros.

El segundo de ellos está firmado por la que aquel entonces era la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila-Ponce, a 1 de abril de 2020. En él se refleja el desglose del contrato firmado con Priviet Sportive por 1,5 millones de euros. En concreto, se especifica la compra de mascarillas para destinarlas al pabellón 10 de Ifema. En la documentación facilitada desde Sol también se subraya que el contrato se adjudicó el 1 de abril de 2020, a partir de los procedimientos de urgencia del primer estado de alarma. Esta adjudicación es la primera y única relación contractual entre esta empresa y la administración regional y el pedido se entregó el 10 de abril de 2020, diez días después de la adjudicación.

En clave política este contrato ya fue utilizado por los grupos de la izquierda para intentar tramitar una comisión de investigación que no contó con el apoyo suficiente en la Asamblea de Madrid para salir adelante.