Alcorcón, dos años esperando la Unidad de Violencia de Género de la Policía Municipal

CSIF pide el cese del Director de Seguridad por el incumplimiento del acuerdo firmado por el sindicato y el equipo de gobierno y critican que se haya disuelto el grupo formado en ayudar a las mujeres víctimas de agresiones

Sede de la Policia Municipal de Alcorcon.
Sede de la Policia Municipal de Alcorcon. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Ricardo Soto, policía de Alcorcón, recuerda un episodio que evidencia la importancia de cada detalle cuando se trata del maltrato. Hace unos años, él estaba con un compañero en una caseta de Atención al Ciudadano y entró una mujer llorando con un bebé en brazos. «Su marido le había amenazado y le daba vergüenza entrar en la comisaría porque la veía gigante. Necesitaba algo más discreto».

Por ese motivo, el que es Secretario General de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha firmado un documento en el que lo expone: «Los policías de Alcorcón llevamos dos años sin la Unidad de Violencia de Género. Ahora nosotros atendemos a la mujer, la llevamos al médico, pero del resto se encarga la Policía Nacional, el seguimiento lo hace otra persona».

Es decir, la afectada tiene que repetir su historia a otra persona, lo que ralentiza el proceso. «Además, los policías municipales conocemos a los vecinos, los nacionales suelen rotar más», define. Es uno de los ocho puntos que marcaron como «incumplidos» del Plan de Modernización, un acuerdo aceptado por sindicatos y el equipo de gobierno de Alcorcón en 2020. «Solicitamos públicamente el cese inmediato del Director General de Seguridad D. Francisco J. Trejo González», prosigue el texto.

Según Soto, el grupo que ayude a estas víctimas ha de estar formado por «gente muy preparada», con «horarios muy especiales»: «Tienen que estar 24 horas atentos al teléfono, tener un trato especial y una formación específica coordinada con la Policía Nacional».

Uno de los primeros encargados de este asunto fue José Antonio Esteban. «Fuimos pioneros, en 2008-2009 comenzamos. Eran dos funcionarias policías: una psicóloga y una abogada. Era multidisciplinar; un proyecto muy ambicioso. En 2011 empezamos a ser cuatro personas y un coordinador con protocolos en desarrollo que guiaba el Ministerio de Justicia. En 2013-2014 la Policía Nacional empieza a crear unidades específicas», recuerda.

Era un subgrupo dentro de la policía judicial, que acabó por desmoronarse, según cuenta. La psicóloga y abogada se fueron y empezaron a perder los casos de seguimiento. Se dedicaban a otras cosas: «En mayo del 2021 bajo el acuerdo de modernización, se redistribuye a todo el personal en diferentes unidades. Esa en concreto y alguna más como la de delitos de odio o la de armamento y vehículos no se dotan de personal».

En enero del 2022 entró en vigor el plan que habían firmado, aunque dos años antes se habían comprometido «a contratar a 25 nuevos agentes». «El Director General no ha sido capaz de publicar las bases para cubrir esas plazas hasta este febrero. Consideramos insuficiente el número porque cuando lleguen en aproximadamente un año, ya se habrían jubilado casi la misma cantidad», describe sobre un grupo que lleva 15 años sin nuevas incorporaciones y cuya media de edad son los 45 años.

La falta de formación es otro de los puntos que demandan y que consideran fundamental. «Si hay que hacer algún acompañamiento a víctimas, lo hace quien en ese día tenga autorización de prestar servicio de paisano, sea quien sea y tenga los conocimientos o no», comenta sobre un protocolo para el que se exige máxima discreción y empatía.

La respuesta municipal

Esteban incide en que no se trata de una pelea de egos: «Es una unidad de apoyo y acompañamiento en estrecha colaboración con la Policía Nacional». Quiere que el trabajo sea más sencillo para todos. Además, recuerda que aquella unidad de Policía Judicial también organizaba la de Agentes Tutores, importante para la monitorización y control de las bandas, y que también ha pasado de 4 agentes a 2.

Por su parte, las fuentes municipales niegan que la unidad de Violencia de Género se haya eliminado. Aunque no responden a la pregunta de cuántos agentes forman parte de ella, desde cuándo ni cuáles son sus funciones; aseguran que llevan haciéndolas desde 2020 y varios años antes.

Por otra parte, apuntalan que el Plan de Modernización de la Policía Municipal se aprobó de forma unánime por todos los sindicatos, incluido CSIF, así como por la Jefatura de Policía, incluida en este proceso en todo momento. «Desde la Concejalía se decidió, en atención a las demandas de los sindicatos, que se pospusiera la puesta en marcha de este plan hasta el comienzo del ejercicio 2022 con el fin de no interferir en las planificaciones personales y vacaciones de los policías municipales y se estableció que los agentes solicitaran destino para dicha organización», continúan.

Describen que se han reducido los trabajos administrativos y se ha optado por una mayor presencia de policías en las calles. «Desde el Ayuntamiento se hace hincapié en que no se trata de una reestructuración política, sino de una mejor organización funcional para contar con más presencia policial en la calle y poder ofrecer una atención más moderna a la ciudadanía, tal y como se explicó en el último Pleno en relación con las preguntas presentadas por el grupo municipal Vox, muy coincidentes con los planteamientos del CSIF en su nota de prensa, el único de los sindicatos que ha expresado estas críticas».

Según uno de los agentes, «en la Orden General del Cuerpo del 02/03/2021 (un documento confidencial donde se hace la organización material de la Policía), ninguna de esas unidades se dotan de personal». «Es como si dices que creas un Ministerio y solo construyes el edificio. No hay nadie dentro», resume.