Los 12 contratos de Sánchez que Ayuso denuncia: vínculos con el marido de Calviño, precios inflados...

La presidenta regional de la Comunidad de Madrid,Isabel Díaz Ayuso, lo había anunciado esta misma mañana de jueves. Y lo ha cumplido. El Gobierno regional ha llevado este mediodía ante la Fiscalía a siete empresas contratadas por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia a través de procedimientos de emergencia. Pedirán la investigación del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del exministro de Sanidad, Salvador Illa; y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para saber “qué ha pasado durante la pandemia”.

Las empresas a las que responsabiliza la presidenta madrileña de estos contratos son Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A. (Beedigital), un contrato por valor de 532.400 euros; Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L., dos contratos por 40.179.355 euros; cuatro contratos para FCS Select Products S.L, por valor de 263.126.600; un contrato a Weihai Textile Group, por 10.192.606 euros; dos contratos con Members of the Tribe S.L.U., por valor de 9.444.000 euros; un contrato con Hyperin Grupo Empresarial, por 3.310.000 euros. En total, 326.784.961 euros.

Según han indicado fuentes del grupo parlamentario, se ha presentado un escrito de denuncia por “una posible existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación”, en relación con siete empresas y hace mención “a doce contratos por valor de 326 millones de euros y a 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros”.

Mascarillas compradas a una empresa con cero euros de negocio en 2019

La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa fue beneficiaria, según el escrito de los populares, de tres contratos por valor de 40 millones de euros. Dos de ellos para la compra de mascarillas (adjudicados por Adif y Puertos del Estado, dependientes del Ministerio de Transportes) y uno más para la adquisición de material de protección sanitaria por parte del Ministerio del Interior. En su denuncia, el PP destaca que la “adjudicataria, con sede en Zaragoza, ofrece servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas, y opera principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez” y el importe de su cifra de negocio fue de 53 millones en 2020 después de que un año antes, en 2019, fuera de cero euros. El escrito del PP señala asimismo cómo esta empresa “no tenía vínculo conocido alguno o mínimamente relevante con China que le hiciera apta para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado” y que, con fecha de 2 de marzo de 2022, la documentación relativa a esta adjudicación no figura en el Portal de Transparencia. La denuncia incide en lo que concierne a las contrataciones con esta empresa, tanto por parte de Transportes como de Interior, en un vínculo con el por entonces ministro José Luis Ábalos.

532.000 euros a la empresa de la que es directivo el marido de Calviño

En uno de estos contratos, en concreto el adjudicado a la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales, S.A, (Beedigital) por un importe de 440.000 € -siendo el importe total del contrato, incluyendo el IVA, de 532.400 euros- el escrito de los populares pone el acento en su vínculo con el marido de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. Ignacio Manrique de Lara, marido de Calviño, es director de Marketing de la empresa, Además, según la denuncia, Beedigital “nunca había obtenido un contrato público con anterioridad”. Se trata de un contrato para “la gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social, adjudicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”. Se concretó en un momento, en 2019, en el que Beedigital “tenía entonces una deuda con la Seguridad Social de 421.000 euros”. En 2020 el Ministerio dirigido por José Luis Escrivá “le prorrogó el contrato, pese a que seguía adeudando a la Seguridad Social 374.000 euros”.

500 millones de mascarilla a una compañía administrada por una condenada por estafa

Las cuatro adjudicaciones firmadas con la empresa FCS Select Products son, de las incluidas en la denuncia, las que suman un importe mayor: 263 millones de euros por la compra de más de 500 millones de mascarillas. Se trata, insiste el escrito, de una empresa que “ofrece servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas”. Además, se señala que es una empresa sin empleados en los ejercicios anteriores y que recibió adjudicaciones por parte del Gobierno de España “por un valor 275 veces superior a su facturación, y 84.800 veces superior a su capital social (3.100 euros)”. A ello se une otra circunstancia: la administradora de la empresa “fue condenada en el año 2016 por un delito de estafa agravada, por su participación en una trama delictiva dedicada a la compra y posterior vaciamiento con problemas financieros”. Y la denuncia apunta a “una relación de amistad de los administradores de la sociedad con el entonces Ministro de Sanidad -Salvador Illa- cimentada por la coincidencia en torno al municipio de La Roca del Vallés, localidad natal del Sr. Illa y de la que fue alcalde”.