Uno de cada cinco niños cambia de distrito para ir al colegio en Madrid

El Gobierno de Díaz Ayuso no está dispuesto a dar un paso atrás en su defensa de la zona única escolar, que permite que un niño de la Comunidad de Madrid pueda escolarizarse en cualquier colegio de la región, aunque no viva cerca, sin que eso le penalice a la hora de obtener plaza.

Ya hace semanas que el Ministerio de Educación remitió a la Comunidad un requerimiento, el paso previo a emprender acciones judiciales, advirtiéndole de que estaba incumpliendo la Ley de Educación (Lomloe) sobre admisión de alumnos. Y es que la ministra Pilar Alegría cree que el Gobierno madrileño debe ajustarse a lo que marca la normativa estatal y anteponer la proximidad al centro educativo del domicilio de los padres como criterio principal de admisión de alumnos. Sin embargo, el Gobierno autonómico, dentro de sus competencias, ha decidido primar otras circunstancias, como tener hermanos en el colegio o el agrupamiento familiar. De hecho, en diciembre de 2021 cambió el decreto de elección de centro escolar para adaptarlo a la Lomloe sin renunciar a la zona única. ¿Y cómo ha tenido en cuenta entonces el factor de la proximidad para no entrar en colisión con la Lomloe?

Según la Comunidad de Madrid, «las puntuaciones por el apartado de proximidad al domicilio se han recalculado de tal manera que se mantienen las proporciones para que siga en vigor la zona única de elección de centro porque ha dado grandes resultados y ha permitido el 95,8% de las familias madrileñas hayan obtenido plaza en el centro educativo que querían para escolarizar a sus hijos de 3 años».

La Comunidad de Madrid, se ampara en la idea de que lo que dice expresamente la ley es que ninguno de los criterios de admisión, a excepción del de proximidad, podrá superar el 30% de la puntuación. Pero no impide que ese criterio pondere lo mínimo, como ha hecho Madrid. Así, unas veces la abierta redacción de la Lomloe y, otras, los términos difusos que se manejan en el texto legal, dejan resquicios para que las autonomías regulen sobre cuestiones que defienden sus principios y que luego éstos sean defendibles en los tribunales. Es por esta idea por la que la Comunidad de Madrid cree que en el caso de que el Ministerio de Educación y FP acudiera a la Justicia, no estaría incurriendo en ninguna ilegalidad.

Madrid se ampara, además, en la idea de que la zona única beneficia a miles de familias. En concreto, el 17,01% de los alumnos de educación pública de Madrid lo hace en un distrito diferente al que está empadronado, mientras que, en la educación concertada, el porcentaje sube al 23,62%.

De ahí la intención de la Comunidad de defender la zona única escolar frente a la intención del Gobierno de Sánchez de eliminarla. De hecho, se cumple una década desde la implantación de la zona única escolar, lo que ha permitido este último año que el 95,8% de las familias madrileñas han obtenido el centro educativo elegido en primer lugar permitiendo optar al colegio que han deseado en igualdad de condiciones, independientemente de donde se residieran. Esta cifra es la más alta desde que se tienen registros en la región si lo comparamos con lo que ocurría en el curso 2006/2007, cuando era del 80,5%.

El Ejecutivo de Díaz Ayuso ha asegurado que en el requerimiento presentado por el Gobierno central se solicitan cambios en cuatro aspectos del Decreto sobre admisión de alumnos. Sin embargo, considera que ya cumple con la normativa estatal en todos sus aspectos. Se ampara en un informe de la Abogacía General de la Comunidad. «Desde la Comunidad de Madrid beneficiamos la libertad de las familias a escoger un colegio fuera de su zona de residencia, ante una normativa como la del Gobierno central que perjudica anteponiendo la proximidad como criterio principal de admisión. Esta circunstancia es todavía más nociva en una ciudad como Madrid, puesto que son miles los alumnos que, dentro de su derecho, se desplazan hasta otros distritos para acudir a su colegio o instituto», señala el titular de Educación regional, Enrique Ossorio.

El consejero madrileño también ha sido muy crítico con el hecho de que la ministra Pilar Alegría ponga trabas al sistema educativo madrileño y, sin embargo, «se muestre totalmente inactiva a la hora de hacer cumplir a la Generalitat la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a ofrecer el 25% de las clases en castellano”.