Anticorrupción se querella contra Luis Medina por comisiones “exageradas” en la compra de mascarillas

Cifra en 5,6 millones el “injustificado” beneficio que obtuvieron en comisiones el hijo de Nati Abascal y su socio, que se gastaron en la compra de coches de lujo, un yate y relojes Rolex

El empresario Luis Medina, investigado por Anticorrupción por el cobro de comisiones por intermediar en la compra de mascarillas
El empresario Luis Medina, investigado por Anticorrupción por el cobro de comisiones por intermediar en la compra de mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el cobro de 6,1 millones de dólares (casi 5,6 millones de euros) en comisiones, que habrían “inflado artificialmente”, al intermediar en la compra de mascarillas, guantes y test Covid por parte del Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020. Según la denuncia de la Fiscalía, que les imputa delitos de blanqueo, estafa y falsedad en documento mercantil, el hijo de Nati Abascal habría percibido un millón de dólares y Luceño otros 5,1 por este concepto (ocultando a su socio que se llevaba unas comisiones sensiblemente mayores), aunque el total pactado ascendía a más de once millones.

Medina transfirió el dinero que percibió de esa comisión a una cuenta personal e invirtió esa ganancia que la Fiscalía considera ilícita en la compra de un yate modelo Eagle 44, llamado “Feria”, registrado en Gibraltar, por el que pagó 325.515 euros y en la adquisición de bonos por valor de 400.000 euros.

En cuanto a su socio, con las comisiones que obtuvo en la operación pagó una estancia de seis noches en un hotel de Marbella que le costó 60.000 euros; tres relojes de la marca Rolex por 42.000 euros; ocho vehículos de alta gama (Aston Martin, Ferrari, Mercedes y BMW, entre otros) por los que desembolsó 1.034.999 euros; una vivienda y tres plazas de garaje (1.107.400 euros en total) en Pozuelo de Alarcón; y otros cinco coches de lujo (Aston Martin DBS Superleggera, Porsche Panamera, Lamborghini Huracan, Mc Laren 720S y un Mercedes A200) que costaron 1.028.499 euros y por los que entregó como parte del precio algunos de los que había adquirido anteriormente.

“Inflaron el precio artificialmente”

El Ministerio Público mantiene que el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 dólares, pero los dos querellados “lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación cuatro millones de dólares, es decir, el 148 % del precio real del producto”. De hecho, señala, de los 6.689.300 dolares pagados por el Ayuntamiento, cuatro millones fueron transferidos a cuentas de ambos: Luceño percibió tres y Medina uno.

En cuanto a los guantes, asegura la Fiscalía en su querella, “eran de ínfima calidad” y de hecho, el Ayuntamiento se apercibió de que Madrid se podían comprar por 0,08 euros cuando habían pagado por cada uno dos dólares.

El precio real por cada par de guantes que la empresa malaya de la que decían ser representantes había fijado era de 0,38 dólares; el resto, hasta llegar a los dos dólares -1,62- “representaban las comisiones pactadas con los querellados”, que habían pactado “una comisión igual para ambos” (0,45 dólares por par de guantes) y otra adicional para Luceño, “solo conocida por él, de 0,72 dólares por par de guantes”. En total, 4.050.000 dólares en comisiones (el 426 % del precio real del producto), a las que sin embargo renunciaron “para intentar contentar al Ayuntamiento de Madrid, visto el fracaso de la operación”.

Los test Covid eran “defectuosos”

También en el caso de los test rápidos -explica Anticorrupción- se había pactado una comisión idéntica para ambos querellados, de 915.000 dólares, y otra adicional solo para Luceño, “cuya existencia no conocía Luis Medina”, de 1.185.000 dólares. En total, tres millones en comisiones (el 244 % sobre el precio real del producto). Para más inri, gran parte de los test Covid-19 que recibió el Ayuntamiento de Madrid “eran defectuosos”. De los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94 %). Casi una cuarta parte (60.000) era inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7 %), y otra parte importante (115.000) eran también “de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80 %)”.

La Fiscalía mantiene que el socio de Medina ocultó al Ayuntamiento que “un elevado porcentaje del precio ofertado” (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) “correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir”.

Según el relato de hechos de Anticorrupción, el 20 de marzo de 2020, en una situación de rápida evolución de la pandemia y de “extrema carencia de materiales sanitarios”, el Ayuntamiento de Madrid suscribió un convenio con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid SA (participada al 100 % por el Ayuntamiento de Madrid) por el que ésta se comprometía a garantizar el suministro de material sanitario y de seguridad para el personal del Ayuntamiento de Madrid, organismos autónomos y empresas dependientes.

Luceño y Medina, “con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico”, ofrecieron al Consistorio la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario (mascarillas, guantes, etc.) fabricado en China. La persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue Luis Medina, “aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”.

El socio “se presentó como experto”

Al empresario se le puso en contacto con la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento “como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones” y que a su vez era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios.

Luceño, señala la Fiscalía, “se presentó como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación”. Asimismo, dijo actuar movido “por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia”. En realidad, subraya en la querella el Ministerio Público, “ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista”.

El acuerdo se plasmó en la firma de tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y la compañía malaya EEE para adquirir un millón de mascarillas KN95 Graphene Sterilization Antiviral 3D Mask, por un precio total de 6.689.300 dólares; dos millones y medio de guantes de nitrilo, por un precio total de cinco millones de dólares y 250.000 test rápidos Covid-19 por 4,2 millones de dólares.

Cuando fueron requeridos por sus respectivas entidades bancarias para que justificaran el origen de las cuantiosas transferencias recibidas desde Malasia, los dos empresarios aportaron la misma documentación (que Luceño facilitó a Medina) y un acuerdo de 29 de agosto de 2019 con el director de EEE; un carta de designación de Luceño y CCC como “agentes exclusivos” de EEE para el “suministro y obtención de productos de carne congelada (incluidos productos de protección sanitaria) para su importación y exportación a China y otros mercados asiáticos”, fechada el 12 de septiembre de 2018.

Pero Anticorrupción es contundente sobre la realidad de los mismos: “Ninguno de estos documentos es auténtico, sino que fueron elaborados por Alberto Luceño y la firma de BBB que aparece en ellos ha sido simulada por el propio Alberto Luceño”.

El Ayuntamiento valora ejercer la acusación

Tras tener conocimiento de la querella de Anticorrupción fuentes del Ayuntamiento de Madrid apuntan que el familiar del alcalde con el que, según Anticorrupción, contactaron los dos empresarios “no conoce a Luis Medina” y matiza que se pusieron en contacto con él “a través de una tercera persona”.
Ese familiar de José Luis Martínez-Almeida, señalan esas mismas fuentes, facilitó a esa tercera persona “el mismo mail que se facilitaba a todos aquellos que contactaban con el Ayuntamiento para la venta de material sanitario” porque, insisten, “todas las empresas debían seguir el mismo cauce”.
En el Consistorio recalcan que el Ayuntamiento “no está siendo investigado, como tampoco ningún trabajador municipal” y que “es, en todo caso, el perjudicado por estos hechos y se personará si se demuestra que ha habido un quebranto a las arcas públicas”.