Malasia contesta que el empresario de las mascarillas no va a colaborar con España

La Fiscalía envió hace unos días al juzgado la escueta respuesta de las autoridades de Kuala Lumpur exponiendo que han dado con San Chin Choon, pero que éste no declarará como testigo

Documento de identidad de San Chin Choon
Documento de identidad de San Chin Choon FOTO: La Razón (Custom Credit)

El juzgado que indaga en el “caso mascarillas” ya tiene la respuesta de Malasia a la petición de España de interrogar como testigo al empresario que vendió el material sanitario al Ayuntamiento de Madrid y con el que Luis Medina y Alberto Luceño terminaron cobrando una millonaria comisión. La contestación, como esperaban en la Fiscalía Anticorrupción, no ha resuelto ninguna incógnita: las autoridades malasias dicen que sí han localizado a San Chin Choon, pero que éste no quiere colaborar.

“Tenga en cuenta que nuestro oficial encargado logró identificar y localizar al sujeto, Sr. San Chin Choon. Sin embargo, como el sujeto se negó a cooperar. Lamentamos informar de que no podemos asistir en la grabación de su declaración”, indica la respuesta en inglés desde Kuala Lumpur a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. En realidad ésta llegó el 22 de febrero de 2022, pero no ha sido hasta esta semana cuando la recaído en Anticorrupción y de ahí se ha enviado al juez, indican fuentes del procedimiento. Este era uno de los pocos flecos que quedaban por atar en la investigación.

El hecho de que este empresario no quiera testificar dificulta la posibilidad de apuntalar el delito de falsificación de documentos porque la Fiscalía sospecha que, en realidad, la firma de San Chin Choon se ha falsificado en los escritos que hacen representantes “exclusivos” a Luceño y a Medina de la empresa de malasia (Leno) y con los que estos justificaron ante el banco que habían cobrado más de 6 millones de euros.

Llegados a este punto, el camino internacional se cierra a no ser de que alguno de los dos investigados decida contactar con San Chin Choon para convencerle de que declare. En realidad esto les beneficiaría, indican fuentes de la causa, porque si realmente ellos eran los representantes de la empresa malasia y se llevaban tan bien con el empresario como hicieron ver a la funcionaria encargada de la contratación, Elena Collado, éste es el único que puede corroborarlo.

Por otro lado, el juez Adolfo Carretero está dibujando el mapa de los bienes de Medina y Luceño. Accedió a la petición de Anticorrupción de embargar todos aquellos que sumaran la cuantía presuntamente estafada al Ayuntamiento. A Medina, por ejemplo, le bloquearon el yate comprado, pero al acceder a su cuenta solo se encontraron 247 euros. Por eso, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que éste deposite una fianza de casi 900.000 euros que es -sumado al barco y a la cuantía del banco- básicamente lo que se llevó en comisiones. Si el hijo del fallecido duque de Feria y de Naty Abascal pusiera este dinero a disposición del Juzgado se libraría del delito de alzamiento de bienes, dicen las fuentes consultadas, pero si no lo hiciera podría arriesgarse a que éste se sumara a la lista de blanqueo de capitales, estafa y falsificación documental que ya se le imputa.

En cuanto a Luceño, el magistrado tampoco ha podido embargar los 5,5 millones de euros que este se embolsó. El empresario, considerado el cabecilla de la operación, vendió hace 15 días los coches de lujo que adquirió. Así que, como ya hizo con Medina, el juez insta a las partes a que digan qué puede hacer para bloquear este dinero. Lo previsible es que la Fiscalía se pronuncie en los mismos términos que con el otro empresario.

Todo esto en la barrera de la declaración de ambos. El lunes el instructor los ha citado a declarar y, según las fuentes consultadas, es una de las pocas diligencias que en realidad quedan por practicarse en el procedimiento. Anticorrupción ya hizo una exhaustiva investigación que se prolongó desde 2020 hasta que hace unas semanas interpuso la querella contra estos dos socios comisionistas. La negativa de Malasia cierra la puerta a que se resuelvan las dudas sobre la contratación internacional de éstos, así que una vez escuchadas las versiones de ambos y, a no ser que las partes pidan practicar más diligencias, el caso estaría listo para decidir si se va a juicio.