El cerco judicial de la izquierda a Ayuso: hasta 22 veces ha sido denunciada y exculpada

La presidenta madrileña dice tras el archivo de la investigación de los contratos de su hermano que “es como para pedir la dimisión de la izquierda al completo, empezando por la líder de la oposición”

En poco más de año y medio, Isabel Díaz Ayuso ha sido llevada a los tribunales hasta en 22 ocasiones por la crisis de la residencias durante la pandemia, en momentos previos a las elecciones del 4-M y por cuestiones relacionadas con su familia. En todos estos procesos la presidenta madrileña ha resultado exculpada. De ahí que ayer dijera que lo que ha pasado «es como para pedir la dimisión de la izquierda al completo, empezando por la líder de la oposición».

►Sanidad

En 2020, la Plataforma de Centros de Salud interpuso una querella contra el Gobierno de Ayuso ante el TSJM (sala civil y penal). No se admitió la querella.

En el ámbito civil, CC OO presentó una demanda de conciliación por las declaraciones de Díaz Ayuso en un programa de radio que, a juicio de los demandantes, desprestigiaban a los profesionales que presten sus servicios en los Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). El juzgado aceptó el recurso de reposición de la presidenta regional.

►Residencias

En 2020, con motivo de la pandemia, la presidenta regional y sus consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y Sanidad recibieron hasta 10 querellas interpuestas en distintos juzgados por familiares de residentes en residencias. El 27 de julio de 2021 la Asociación del Defensor del Paciente también presentó otra denuncia por la no derivación a los hospitales de los usuarios de las residencias durante la crisis de la Covid-19. El resultado de todas ellas fue, o bien la inadmisión, o el sobreseimiento automático, o bien quedaron archivadas.

►El acoso de la oposición

En poco más de un año, Más Madrid ha acudido a los tribunales contra Isabel Díaz Ayuso hasta en cuatro ocasiones por declaraciones realizadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, cuando se informaba de los asuntos que se habían aprobado, o bien cuando se detallaban a los medios de comunicación inversión en los hospitales Doce de Octubre y La Princesa. Justamente se anunciaba el pago del 100% del complemento de productividad al personal sanitario y de la situación de la campaña de vacunación frente a la covid-19. Las denuncias fueron desestimadas. Lo mismo que otros procedimientos penales que no llegaron a judicializarse porque la Fiscalía los desestimó.

En 2019, Anticorrupción archivó la denuncia que la formación de Mónica García interpuso contra Ayuso por su relación con Avalmadrid, al considerar que no había indicios para investigar las sospechas por un posible alzamiento de bienes, administración desleal o tráfico de influencias.

Otras cuatro denuncias ha llevado a los tribunales el PSOE-M en el último año y medio. Una de ellas fue ante la Junta Electoral Central por el uso «torticero y partidista» del Dos de Mayo. Entonces, los socialistas exigían «la mayor sanción posible». También las declaraciones de la presidenta en ruedas de prensa del 10, 15 y 17 de marzo, poco antes de las elecciones del 4 de mayo, llevaron a los socialistas a interponer una denuncia ante la Junta Electoral, lo mismo que algunas comunicaciones realizadas a través de la web de la Comunidad o en redes institucionales. Todas fueron archivadas.

Unidas Podemos acudió a los tribunales contra Ayuso en período preelectoral. Aunque las tres formaciones se unieron para presentar ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad tres denuncias con similar argumento: la contratación con carácter de emergencias de los suministros correspondientes a la adquisición de EPIs y material sanitario para el hospital que se levantó en Ifema durante la pandemia por un importe estimado de 4.289.950,72.

En junio de 2022 la Fiscalía decidió archivar las diligencias y no se pronunciarse sobre los delitos de malversación, fraude a los intereses de la UE y cohecho, al considerar que se trataba de una competencia de la Fiscalía Europea.

►Bienes

La Asociación Libre de Abogados se querelló en 2021 contra Díaz Ayuso en el Supremo por alzamiento de bienes. Acusó a la presidenta de haber intervenido para que la Administración no pudiera reclamar un piso de su familia que ella había heredado como pago por un préstamos público recibido por sus padres. En noviembre de 2021 La Fiscalía del Tribunal Supremo pidió que se inadmitiera la denuncia y se archivaran las actuaciones al considerar que no había indicios de responsabilidad criminal.

► Contra el Estado

El Gobierno de Ayuso, por su parte, tiene abierto un frente judicial contra el Estado. Tres procedimientos tienen que ver con órdenes publicadas por el Ministerio de Sanidad. A todo esto hay que añadir el conflicto de las entregas a cuenta por el que Madrid reclama 53 millones más. También están en los tribunales los precios públicos universitarios que se fijaron en la Conferencia Sectorial. Tampoco Madrid está de acuerdo con el reparto de los fondos Covid, por lo que se acudió al Supremo, el tribunal al que se ha llevado el currículo de Bachillerato también por «extralimitación del Estado».