Madrid reconoce que tienen que cumplir el real decreto energético de Moncloa y sancionar su incumplimiento

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha reconocido este miércoles que están obligados a cumplir el real decreto ley de medidas energéticas y que tendrán que sancionar ante su incumplimiento.

“Hay medidas recogidas ya en la normativa vigente y tenemos planes ordinarios de inspección, esos siguen vigentes. Todas las administraciones tenemos la necesidad de dar cumplimiento y con el plan de inspección las ejerceremos”, ha explicado la consejera en una entrevista en Telemadrid, en la que ha criticado que el Ejecutivo central “imponga” acciones “en contra” de los criterios regionales.

Entiende la titular de Medio Ambiente que el real decreto colisiona, entre otros, con la libertad de horarios y que ejemplifica los “dos modelos de gestión”, por una parte Madrid “dando más libertad” y el Gobierno nacional “cercenando”.

De hecho, ha afeado que desde la Unión Europea lo que se ha dado son “recomendaciones” al sector privado que desde el Ministerio de Transición Ecológica se han transformado en “imposiciones”.

La consejera madrileña de Medio Ambiente ha defendido que en España no hay un problema de suministro ni de potencia eléctrica, por lo que cree que las medidas deberían ir en la línea de abaratar los costes, como la rebaja de impuestos asociados, iniciativas que trasladarán a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha vuelto a pedir a las autonomías aportaciones.

Decálogo para recurrir al TC

La Comunidad de Madrid ha insistido hoy en la “inconstitucionalidad” del decreto energético del Gobierno central trasladando a los periodistas un decálogo de hasta diez puntos en el que sustentarían su recurso y que recoge, entre otros, que el acuerdo con la Unión Europea para rebajar un 7% el consumo de gas en España “no es obligatorio”.

En el texto señalan desde la libertad de horarios hasta la duración del real decreto ley o la “defectuosa” política de sanciones para elevar el texto al Tribunal Constitucional.