“La jueza no sabía lo que es una checa, ni un máuser, ni en qué año fue asesinado Calvo Sotelo”

La Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces interpuso este martes un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la sentencia del Juzgado nº 30 de Madrid que, el pasado agosto, a instancias de UGT, anuló el acuerdo del Pleno del Consistorio del 29 de septiembre de 2020 por el que se aprobó la retirada de los nombres del bulevar de Indalecio Prieto y de la avenida Francisco Largo Caballero. Así, dejó además sin efecto la retirada de la placa del segundo, ordenando su reconstrucción y que se reponga donde estaba ubicada.

Los principales argumentos del recurso son, en primer lugar, la «admisión como prueba pericial» por la jueza de un documento presentado por la demandante UGT «que carece de los requisitos esenciales de un peritaje». Según la entidad recurrente, «ni hay firma de los autores, ni la parte que realiza cada uno, ni contiene juramento o promesa, ni se identifica como peritaje, etc…», y, en su opinión, «era en realidad un manifiesto político de un grupo de profesores con el mismo sesgo ideológico».

Por otra parte, alegan que la magistrada «no permitió que los peritos de la asociación Raíces ratificaran y aclararan sus informes sobre Largo Caballero e Indalecio Prieto, que sí eran pruebas periciales con todos los requisitos formales y materiales» pertinentes. Abunda además la entidad en que el recurso de apelación «hace un relato extenso de todas las expresiones de parcialidad y aparentes desconocimientos de la jueza: no sabía lo que es una checa, ni un máuser, ni en qué año fue asesinado Calvo Sotelo, etc…».

Por último, defienden que «la magistrada no consideró la abrumadora carga probatoria» contra los dirigentes socialistas Largo Caballero e Indalecio Prieto que fue aportada por la asociación Raíces «en la vista oral del juicio y en su escrito de contestación a la demanda y de conclusiones», referente a sus «crímenes cometidos durante la Guerra Civil».

En la actualidad, las placas de ambos dirigentes socialistas en Madrid siguen en su sitio. Desde el Ayuntamiento no se había determinado ningún nombre sustitutivo, pero además se atendió a una medida cautelar solicitada por el sindicato UGT. Sí fue retirada, junto a su casa natal en Chamberí, la placa de Largo Caballero, que se partió en el desmontaje.

El Ayuntamiento actuó –a propuesta de Vox, con apoyo de PP y Ciudadanos– apelando al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que subraya que «las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

En los últimos procesos judiciales se ha recuperado el nombre de las calles Millán Astray, Caídos de la División Azul, Hermanos García Noblejas y El Algabeño, entre otras. Hay además un recurso de la Fundación Franco para intentar revocar 52 nombres de vías que cambió Manuela Carmena –entre ellos alguno ya restablecido, como Millán Astray–.

La asociación Raíces confía en que con el recurso que ahora presenta «la sentencia sea anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y se proceda inmediatamente a la retirada de los nombres de los históricos dirigentes socialistas». «De ahí pasará a promover judicialmente la misma acción en todas las ciudades y pueblos de España, hasta el pleno cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica», señalan fuentes de la entidad.