La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial no cede ante Patrimonio Nacional

La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, ha rechazado una petición de Patrimonio Nacional para renovar la licencia urbanística que permita el acceso a las criptas del Valle de los Caídos, paso previo a las exhumaciones que reclaman 104 familias contra el deseo de otras 258 cuyos intereses ampara la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC). La respuesta de la regidora sigue su línea de acatar el procedimiento judicial, ya que el Tribunal Supremo tiene que pronunciarse todavía sobre el recurso presentado al levantamiento de la medida cautelar que dejó en suspenso esta licencia.

El 21 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) levantó la medida preventiva que impedía los trabajos en Cuelgamuros al entender que el alcance de la intervención no conllevaría «una transformación urbanística irreversible de las criptas». La ADVC y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentaron sendos recursos solicitando la suspensión de las obras alegando el «derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y la necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras». Asimismo, consideraban que la intervención «hace inevitable que se deban retirar los restos humanos», en «perjuicio de quienes teniendo acreditada la presencia de sus antepasados quieren que descansen allí en paz». En septiembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 10 de Madrid determinó que la concesión de la licencia no había «recuperado su ejecutividad», como pedía Patrimonio, aunque «no sea firme» la sentencia del TSJM.

A la vista de este fallo, Patrimonio se dirigió al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para que se llevara a efecto y se levantara, además, la suspensión «administrativa» del acto recurrido. El consistorio determinó que, en la medida en que la sentencia del TSJM no es firme, la solicitud solo puede ser llevada a efecto «cuando tal firmeza tenga lugar y sea notificada a la entidad local». Una decisión que le valió a Carlota López la crítica de familiares de enterrados en el Valle y una querella por un presunto delito de prevaricación.

La alcaldesa ha remitido al juzgado número 10, en un escrito con fecha del 10 de noviembre, su justificación de la inadmisión de la petición que Patrimonio le remitió el pasado 5 de octubre. Se basa en que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 25 de noviembre de 2021 «no tuvo efectos suspensivos» sobre el acuerdo de 24 de junio de 2021, «ya que la suspensión de la eficacia de dicho acto había sido acordada por el juzgado [número 10] en los autos del 16 de noviembre de 2021, resoluciones jurisdiccionales que no precisaban de una decisión administrativa posterior para desplegar plenos efectos jurídicos». Así mismo, señala que «tampoco era necesaria ninguna actuación material de la Administración para llevar a efecto la medida cautelar adoptada por el juzgado, pues esta correspondía al titular de la licencia, Patrimonio Nacional, quien paralizó las obras tras tener conocimiento de dichos autos».

Después de la que regidora fuera llamada a declarar, el Ayuntamiento defendió este viernes que todos los acuerdos se han adoptado «siempre en base a los preceptivos informes técnicos y jurídicos, y en cumplimiento de resoluciones judiciales, quedando excluida cualquier posibilidad de discrecionalidad o arbitrariedad».

La querella fue interpuesta por la presidenta de la Asociación de Familiares para la Exhumación de Republicanos en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro, y por Purificación Lapeña, que tiene a dos familiares enterrados, los hermanos Lapeña, protagonistas de la primera xhumación autorizada en el Valle en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, en mayo de 2016.

Alegan que el 24 de junio de 2021 se acordó por la Junta de Gobierno municipal conceder la licencia, pero, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en este sentido, la alcaldesa dijo en el pleno municipal que no reactivaría la licencia, lo que para los denunciantes “vulnera la reparación de la víctimas” y sus derechos.

La citación de Carlota López se ha señalado para el próximo 20 de diciembre a las 10:30 horas en el Juzgado de Instrucción número 5 de San Lorenzo de El Escorial.